Que los ciudadanos reclamen inversiones que mejoren la vida cultural de su ciudad no sólo es legítimo, sino recomendable. Ahora bien, que lo hagan desde la más absoluta insolidaridad, obviando por completo lo que es factible y lo que es sencillamente un disparate localista, que reclamen con tono airado un empujón parar llegar a la meta cuando sus vecinos, que pagan los mismos impuestos, aún no han tomado la salida no deja de ser una actitud difícilmente justificable.
Esto es precisamente lo que ocurre con las continuas reclamaciones sobre un futuro auditorio para la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que salpican los medios de comunicación hispalenses.
Los encendidos demandantes suelen perfumarse de victimismo y no dudan en olvidar que la Junta de Andalucía invierte más de 1.300 millones al año en cuatro orquestas, lo que supone prácticamente el 50 por ciento de la financiación de las mismas, un esfuerzo más que notable que permite a cuatro capitales andaluzas disfrutar de la música culta con relativa facilidad. Todo esto sin contar con el Programa para jóvenes instrumentistas. Se trata de un esfuerzo histórico -miren si no hacia atrás-, muy superior al que realizan la casi totalidad de las autonomías y también superior al esfuerzo que viene haciendo el Gobierno central.
Málaga, Córdoba, Granada, a ninguna de ellas le ha construido la Junta -sola o con otras administraciones- un nuevo auditorio. Es más, Córdoba, por contestar alguna turbia insinuación reciente, es la que menos perspectiva tiene de lograrlo a corto plazo. A esos indignados sevillanos no se les ha ocurrido pensar que un espacio como el Maestranza ya les da ventaja sobre el resto de las capitales, no piensan que la situación actual, sin nuevas construcciones, puede ser vivida por el resto de los andaluces como un agravio comparativo.
La Consejería de Cultura, antes que acentuar desequilibrios, tiene como prioridad que la música de estas orquestas públicas no se limite a las capitales, sino que su radio de acción se amplíe al mundo rural, a poblaciones más pequeñas. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda en nuestra política cultural. Ni se puede uno dirigir con exigencias desmedidas a un Gobierno que se apellida andaluz ignorando qué significa ser andaluz y las mínimas dosis de solidaridad y cohesión social que ello conlleva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de octubre de 2001