El presidente de la Mancomunidad Bahía de Cádiz y alcalde de Chiclana, el socialista Manuel Jiménez Barrios, confirmó ayer que la auditoria sobre el Pacto Territorial de Empleo de Cádiz (PTE) niega el desvío de fondos, aunque detecta anomalías en algunas contrataciones y procedimientos administrativos registrados cuando el alcalde de San Fernando, Antonio Moreno (PA), presidía la Mancomunidad. El PSOE pidió que se constituya una comisión de investigación y el diputado del grupo mixto en el Parlamento andaluz Ricardo Chamorro exigió a Moreno explicaciones sobre sus actuaciones.
La empresa CAP Auditores detalla en su informe que Moreno empleó un procedimiento que 'no garantiza el cumplimiento de uno de los principios básicos de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, como es la publicidad'. Moreno contrató al hijo de un amigo personal, al yerno del secretario del Ayuntamiento de San Fernando y a la hija de su chófer, sin concurso público, para cubrir tres plazas en la oficina de información europea (Info-point), dependiente del plan de empleo.
Los auditores, sobre la concesión a Unicaja de la financiación del PTE (7.000 millones de pesetas), consideran que habría sido 'conveniente promover cierta concurrencia y solicitar ofertas a varias entidades financieras al objeto de obtener las mejores condiciones'.
En contra de lo que había anunciado, Antonio Moreno declinó ayer dar explicaciones sobre las anomalías detectadas en su gestión del PTE al frente de la Mancomunidad. Moreno abandonó ayer la reunión del consejo rector del organismo municipal antes de que ésta finalizara.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2001