La Consejería de Asuntos Sociales ultima a toda prisa un informe sobre la situación del menor sevillano al que su madre suplica que se le recluya en un centro público como única alternativa para frenar su total inmersión en el mundo de las drogas y el delito. Aunque la decisión definitiva sobre este caso aún tardará en llegar unos días, desde Asuntos Sociales se aseguraba ayer que lo que ha quedado completamente descartado es la adopción de cualquier medida que suponga la privación de libertad de M. A. S. P., de 15 años y residente en el barrio marginal de las Tres Mil Viviendas.
El consejero Isaías Pérez Saldaña subrayaba ayer que la Administración considera que se trata de un problema en el que 'cada uno tiene su responsabilidad' para intentar que el chico 'cambie su forma de actuar ante la sociedad, ante sí mismo y ante su madre'. Pérez Saldaña aseguró que en este caso no se puede hablar de un problema de adicción a las drogas e insistió en la 'conducta difícil' del muchacho como causa de su situación ante la sociedad. El titular de Asuntos Sociales afirmó tajante que la privación de libertad del menor sólo puede ordenarla un juez.
Mientras tanto, la madre del menor y su abogado, José Antonio Bosch, esperaban ayer noticias al respecto. Bosch discrepa de la versión del caso que maneja Asuntos Sociales en público y asegura que la madre del chico nunca ha pedido que la Junta de Andalucía asuma la tutela de éste. El abogado afirma que esta mujer ha suplicado que la Administración se haga cargo de la 'guardia y custodia' del muchacho, ya que ella no se veía capaz de detener la espiral de drogas y delitos en los que su hijo estaba envuelto.
Bosch dice que el artículo 24 de la ley autonómica de protección del menor fija que se puede pedir la guarda administrativa de un chico cuando quienes tienen esta potestad justifiquen 'no poder atenderlo por enfermedad u otras circunstancias graves'.
El joven salió el pasado lunes de un centro de internamiento de menores en Cádiz tras cumplir tres meses de condena por un delito, pero aún tiene pendientes otros cinco juicios.
La familia del menor insiste en que no puede controlarle (de hecho en los dos días que ha permanecido en libertad, ya han tenido problemas) y que su consumo de drogas duras está comprobado. Así, siguen reclamando su reclusión en un centro de desintoxicación o uno de inserción como medida 'terapéutica', en lo que ven la última oportunidad de recuperar a este muchacho, que durante su encierro en Cádiz se escapó dos veces, se autolesionó e intoxicó gravemente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2001