El Consell Executiu dio ayer el visto bueno a un proyecto de ley contra el ruido que será remitido al Parlament para su aprobación. Una vez en vigor, la ley definirá la normativa general que deben aplicar los ayuntamientos catalanes en materia de contaminación acústica. Los municipios dispondrán de seis años para adaptar sus normas a la nueva ley. En caso de no hacerlo, 'los electores se lo tendrán en cuenta', dijo ayer el consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, quien reconoció que el proyecto define sanciones de hasta 50 millones de pesetas para los particulares infractores, pero no prevé sanción alguna para los municipios que no la apliquen.
El proyecto de ley define tres zonas en función del ruido que puedan aceptar, con menor tolerancia en áreas residenciales o con equipamientos como escuelas u hospitales que en polígonos industriales.
En estos momentos, el Gobierno catalán está haciendo un 'catastro sónico' para conocer el ruido existente y el soportable en toda Cataluña. Lleva gastados 90 millones de pesetas en el estudio, que está listo en lo referente a 26 comarcas. En otras 10 estará terminado antes de finales de año y en el resto, a finales de la próxima primavera. Puig insistió en la necesidad de arremeter contra las motos que atruenan en las ciudades, pero elogió la política de asfaltado del Ayuntamiento de Barcelona.
El conseller en cap, Artur Mas, aprovechó para criticar el proyecto de ley anunciado por el Gobierno central sobre contratación colectiva. En su opinión, se trata de un proyecto que restringe más el poder autonómico y atenta contra el marco sociolaboral catalán. Mas aseguró que, en su redacción actual, el proyecto no tendría apoyo de CiU.
El Consell Excutiu tomó también otros acuerdos:
- Cultura. Subvenciones para diferentes obras a los ayuntamientos de Falset, Granollers, Mollerussa y Sabadell, y al Ateneo Barcelonés por un importe global de 710 millones de pesetas.
- Política Territorial. Delegación de competencias en la Autoridad del Transporte Metropolitano para la implantación del tranvía del corredor Diagonal que irá de Glòries al Besòs, con una longitud de 14 kilómetros.
- Agricultura. Un proyecto de ley regulará las denominaciones de origen de los vinos y cavas catalanes.
- Justicia. Convenio con el Ayuntamiento de Amposta para la construcción de un nuevo edificio judicial, por un importe de 340 millones de pesetas.
- Interior. Autorización de gastos plurianuales por un importe de 3.600 millones para la construcción de instalaciones de los Mossos d'Esquadra en Granollers, Mataró, Premià de Mar, Arenys de Mar, Pineda y Mollet.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2001