Esta semana seguirán compareciendo ante la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Gescartera altos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y administradores de fondos públicos invertidos ruinosamente en el chiringuito financiero. Hasta ahora, la confusión y el ruido han prevalecido sobre la información veraz: las contradicciones en los testimonios prestados por los asistentes al consejo de la CNMV del 16 de abril de 1999 afectan tanto a las cuestiones tratadas en aquella reunión como a las propuestas defendidas por unos y otros en torno a Gescartera. No son éstas las únicas cuestiones pendientes de esclarecimiento: la oscuridad del periodo transcurrido entre ese controvertido consejo y la intervención de Gescartera el 14 de junio de 2001, una decisión desatada por la falsificación de un sello de Caja Madrid, también requiere una explicación capaz de dar sentido a una incomprensible secuencia de equivocaciones y negligencias del organismo regulador.
Porque la teoría gubernamental según la cual el caso en cuestión sería una simple estafa se da de bruces con las irregularidades de la CNMV en las tareas de inspeccionar las relaciones de Gescartera con sus clientes y de buscarle un socio como la ONCE. La dimisión del técnico David Vives se debió a que su trabajo era obstaculizado desde dentro de la CNMV. La presencia de instituciones eclesiásticas, militares y policiales entre los inversores sugiere la existencia de una protección semi-oficial de Gescartera. Sólo ahora -no entonces- la Agencia Tributaria se ha interesado por el dinero negro de sus cuentas. Gescartera fue elevada en julio de 2000 a la condición de agencia de valores por el mismo consejo de la CNMV que le aplicaba una sanción disciplinaria. Las negociaciones de Gescartera con la ONCE no pudieron hacerse a espaldas del Estado.
Esos enigmas y otros más sólo podrán ser aclarados mediante hipótesis de trabajo plausibles que ayuden a poner en orden los datos conocidos, que señalen los caminos de la futura investigación y que sean finalmente verificadas. Mientras era líder de la oposición, Aznar defendió con ardor que 'los ciudadanos tienen derecho a comprobar que el Estado no está hipotecado a intereses particulares'; lejos de ratificar ahora esa doctrina, el partido del Gobierno ha sacado a pasear un fantasma familiar en los escándalos político-financieros: la amenaza de perseguir judicialmente a quienes se atrevan a formular conjeturas desagradables para los populares. No sólo el presidente de la Junta de Extremadura ha sido intimidado con una querella por relacionar a Gescartera con la financiación irregular del PP; en la sesión de control parlamentario de hace dos semanas, el propio Aznar contestó de forma desabrida al portavoz de Izquierda Unida: la afirmación según la cual el Gobierno 'ha amparado, ha encubierto, ha organizado o es responsable' del caso Gescartera equivaldría a ' calumniar', esto es, a incurrir en un delito.
¿Qué motivos podían tener Fernández-Armesto y David Vives para engañar a la comisión parlamentaria con la mentira de que su propuesta de intervenir Gescartera el l6 de abril de 1999 quedó en minoría? ¿Y por qué el grupo mayoritario de consejeros opuestos a tal medida puso en marcha a renglón seguido una operación de salvamento de Gescartera que incluyó la obstrucción de la labor inspectora, el relajamiento de las medidas cautelares, la admisión de certificaciones bancarias falsas, la levedad de la sanción disciplinaria, la elevación de la compañía a agencia de valores y el celestineo para que la ONCE entrase como socio de referencia? Los indicios -no imaginarios- de la presunta responsabilidad penal de algunos consejeros de la CNMV por sus eventuales connivencias con los directivos de Gescartera marchan en parelelo con la responsabilidad política del Gobierno por los nombramientos de los altos cargos del órgano regulador y por su negligencia para vigilarlos; tal y como documenta de manera fehaciente Jesús Mota en su libro Aves de rapiña (Temas de Hoy, 2001), el Gobierno de Aznar ha sido el 'responsable estelar' del descrédito sufrido por la CNMV desde 1996.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2001