El Gobierno canario ha anulado un plan urbanístico de recalificación de terrenos que aprobó Tomás van de Valle (PP) cuando fue consejero de Política Territorial. Su sucesor en el cargo, Fernando González, de Coalición Canaria, ha abierto una investigación para comprobar si el plan suponía una pérdida patrimonial para la comunidad de 24.000 millones de pesetas. Un informe del secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial considera nula la operación. El PP abandonó el Gobierno a finales del año pasado y le apoya en el Parlamento.
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La operación urbanística está relacionada con la construcción de una gran superficie comercial en el Parque Marítimo de Jinámar, situado entre Las Palmas y Telde.
El informe del secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial, Ruperto Matas, considera nulas de pleno derecho las actuaciones del anterior consejero, Tomás Van de Walle, quien en contra de lo advertido por los servicios jurídicos el 20 de marzo de 2000 redujo la edificabilidad comercial del Parque Marítimo de Jinámar de 125.000 a 90.000 metros cuadrados en terrenos de Telde (cuyo alcalde es de Iniciativa Canaria, integrante de Coalición Canaria) y aumentó el uso comercial en suelo de Las Palmas (cuyo alcalde, José Manuel Soria, es presidente del PP en Canarias).
Dos de las nuevas parcelas de Las Palmas adjudicadas al promotor privado eran de titularidad pública de la Comunidad y no permitían el uso comercial. La principal beneficiada de este plan urbanístico es la empresa Promociones Hornera, que aumenta el aprovechamiento comercial a 152.659 metros cuadrados, con un valor total de 24.677 millones de pesetas, según los expertos inmobiliarios consultados. El promotor sólo tiene que construir equipamientos cuyo coste se eleva a 2.400 millones.
Ruperto Matas indica que la orden del 20 de marzo de 2000 firmada por Van de Walle se dictó 'prescindiendo del preceptivo trámite de información pública', y que se adoptó 'por órgano manifiestamente incompetente', ya que es una actuación propia del Consejo de Gobierno y no de un solo consejero. El informe añade que la adjudicación de las parcelas a un plan distinto es 'un taimado modo de actuar de procedimiento ilícito', ya que su 'aprovechamiento privado es cero', y 'se enajenan sin seguir siquiera el procedimiento previo para su desafectación', ya que son propiedad de la Comunidad.
Matas justifica el silencio de la Promotora Hornera en toda esta operación 'aparentemente disparatada, en la que se les adjudicaban parcelas de uso exclusivamente público', porque en realidad 'estaba encubriendo un enriquecimiento tan injustificado como colosal'.
El informe de Matas insiste en que 'está fuera de duda que se trata de un plan preconcebido para producir una operación de despojo ilícito del patrimonio público' y que estas adjudicaciones 'suponen una extralimitación de tal calibre que su nulidad de pleno derecho queda fuera de toda duda'.
La recalificación de terrenos ha abonado la polémica entre los grupos políticos canarios, que han convertido este asunto en el caso Jinámar. El consejero de Política Territorial, Fernando González (Ican-CC), reprocha la gestión de su antecesor, Tomás Van de Walle (PP). El consejero de Política Territorial ha solicitado un informe al Consejo Consultivo de Canarias sobre la anulación de esta operación. Su antecesor, Tomás Van de Walle, aseguró a EL PAÍS que todo el procedimiento 'ha sido correcto' y que el expediente de revisión ha incurrido en 'muchos errores'. Van de Walle dice estar convencido de que el Consejo Consultivo 'desestimará' la solicitud del actual consejero. Igualmente mostró su disposición a acudir a la Fiscalía Anticorrupción 'o a cualquier otra instancia' para ser escuchado 'en igualdad de condiciones' que González. 'Ha desatado una diatriba brutal contra mí en las últimas semanas porque es más fácil atacar a quien, como yo, no tiene poder político y está apartado de la primera línea' de la vida pública, adujo Van de Walle.
El exconsejero y actual diputado del PP está 'a favor' de una comisión de investigación y cree que detrás del caso Jinámar está la voluntad de Ican-CC de 'parar la construcción del híper en los terrenos de Jinámar correspondientes a Las Palmas y llevarlo a Telde'. Según él, con la difusión de esta investigación Fernando González 'se está cavando su propia tumba', y con su 'actitud inepta e irresponsable le está creando un problema a su partido y al Gobierno de Canarias', que preside Román Rodríguez.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2001