El Ayuntamiento de Madrid sabía desde el pasado mayo que en la calle de Gaztambide, 61 (Chamberí), funcionaba una residencia pirata de ancianos, un centro que fue suspendido de actividad el pasado lunes por la Consejería de Servicios Sociales. Un grupo de vecinos del inmueble denunció el 17 de mayo, ante la junta de distrito, que en ese edificio había tres pisos en los que se desarrollaba una actividad para la que no tenían licencia. Uno de ellos estaba en la tercera planta, y de una de sus ventanas se arrojó una nonagenaria el pasado domingo. El Ayuntamiento admite la existencia de la denuncia.
Tras recibir la denuncia, la junta de distrito de Chamberí envió al número 61 de la calle de Gaztambide a varios agentes de la Policía Municipal, que visitaron los pisos denunciados. Ángela María Hernández, propietaria del centro en el que desde hace siete años han vivido ancianos de manera clandestina, reconoció ante la policía que no tenía la documentación necesaria para desarrollar esta actividad. 'Pero, como los agentes no pueden entrar en un piso si no tienen una orden judicial, no entraron', justificó ayer un portavoz de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que confirmó la existencia de la denuncia.
'Además, el gobierno municipal no tiene competencias en materia de residencias. Eso es cosa de la Consejería de Servicios Sociales', añadió este portavoz. El piso en el que se encontraba el centro ilegal es alquilado. Los ancianos residentes pagaban 80.000 pesetas mensuales, y entre 15.000 y 20.000 por pasar el fin de semana.
Archivada
Tras la visita de los policías municipales, la denuncia de los vecinos se archivó. Ni tan siquiera se dio cuenta de ella a la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno regional. 'Nosotros no hemos recibido en este tiempo ninguna comunicación del Ayuntamiento', indicaron en la consejería. 'De hecho, todavía no hemos recibido la notificación de que la Policía Municipal ha descubierto una residencia clandestina en la calle de Gaztambide. Nos enteramos de su existencia por los medios de comunicación', agregaron estas fuentes.
De modo que el descubrimiento de esta residencia pirata fue posible sólo porque el pasado domingo una anciana de 94 años se tiró por una ventana del piso en el que vivía junto a siete ancianos más. La mujer resultó herida. Un vecino avisó a la Policía Municipal de lo sucedido y entonces trascendió la existencia del centro. El lunes, la consejería decretó la 'suspensión de actividad' del local, notificó al juez lo sucedido y comunicó a los familiares de los ocho ancianos que en ese momento vivían en el piso que debían pasar a recogerlos. La consejería espera que los residentes regresen hoy con sus familias. Si alguno no es acogido por sus parientes, el Gobierno se hará cargo de su tutela.
El concejal Rafael Simancas, secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM), se mostró alarmado por el desinterés del Ayuntamiento hacia la denuncia de los vecinos. 'Es increíble que no se haya actuado. Por un lado, se podía haber dado traslado a un juez de lo que sucedía en ese piso; y, por otro, alertar a la Consejería de Servicios Sociales'.
Simancas anunció que, en el pleno municipal del próximo día 25, el grupo socialista llevará varias propuestas sobre las residencias de ancianos. 'Propondremos que se dote a cada junta de distrito con entre ocho y 10 inspectores para que efectúen visitas periódicas a las residencias, con el fin de que comprueben las condiciones higiénico-sanitarias en las que viven los mayores', dijo.
'También pediremos la creación de un teléfono para que los vecinos puedan denunciar la existencia de centros ilegales que, de otra manera, son difícilmente localizables', continuó Simancas, 'además de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad para que no se produzcan situaciones como la de la calle de Gaztambide. Y, por último, reclamaremos que se amplíen las plazas en residencias y se creen los apartamentos tutelados por el Ayuntamiento en los que trabajadores sociales atiendan a los mayores', concluyó. El líder de la FSM recordó que el cuidado de los ancianos debe ser un tema prioritario de la política municipal y regional, porque el 19% de la población madrileña tiene más de 65 años.
'Me parece que hay una dejación absoluta en la actuación tanto de la junta de distrito de Chamberí como de la Policía Municipal', afirmó, por su parte, Inés Sabanés, portavoz municipal de IU. 'También parece increíble que no haya existido una comunicación entre el Ayuntamiento y la Consejería de Servicios Sociales cuando sólo hace falta una llamada por teléfono para avisar de lo que está sucediendo', dijo. IU quiere pedir un pleno municipal extraordinario, antes de fin de año, destinado a tratar asuntos relacionados con la tercerda edad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2001