El Gobierno vasco pretende elaborar en el plazo de un año la primera ley de suelos contaminados, su proyecto estrella para esta legislatura. El Departamento de Medio Ambiente quiere definir su actuación en esta materia a partir del inventario de suelos potencialmente contaminados elaborado en 1998, que señaló la existencia de casi 6.000 parcelas con riesgos de toxicidad. Pero el Gobierno no ha adoptado una política general sobre estos suelos. Según un portavoz del departamento, ahora sólo se hace una comprobación del terreno cuando un Ayuntamiento quiere utilizarlo.
El inventario de suelos potencialmente contaminados fue un trabajo que se prolongó durante cuatro años, de 1994 a 1998, con la participación de los Departamentos de Medio Ambiente y Sanidad del Ejecutivo autónomo, la Universidad del País Vasco, centros tecnológicos y consultoras medioambientales. Los resultados, presentados justo ahora hace tres años, señalaron la existencia en la comunidad autónoma de cerca de 7.000 hectáreas de terrenos posiblemente degradados debido, en su mayoría, a la industria de transformación de metales y, en menor medida, al reciclaje de chatarra, gasolineras, fábricas químicas y madereras. Suponía el 1% de la superficie total del País Vasco, según destacó el entonces consejero de Medio Ambiente Patxi Ormazabal.
Las zonas más afectadas se localizan, como es previsible, donde mayor ha sido la actividad industrial: Bilbao, la Margen Izquierda y, en Guipúzcoa, la comarca del Alto Deba. El estudio reveló que el 66% de las casi 5.800 parcelas potencialmente contaminadas están ocupadas por industrias que siguen activas; el resto corresponde a vertederos y ruinas industriales que contienen sustancias tóxicas.
Actuaciones aisladas
Desde entonces la Administración no ha desarrollado un programa global para solucionar este problema. 'Se han ido recuperando suelos en la medida en que cada ayuntamiento quería realizar una actuación urbanística. Entonces, dicho ayuntamiento se dirigía al Departamento de Medio Ambiente y nosotros comprobábamos la situación en que se encontraban los terrenos', señala un portavoz de la consejería dirigida ahora por Sabin Intxaurraga.
El Ejecutivo sí ha llevado a cabo actuaciones concretas en áreas de mayor riesgo, 'pero que no tienen que ver con el inventario general'. Precisamente, el pasado año se inició la recuperación de cinco zonas, sobre todo con problemas de vertido de escorias (residuos de las fundiciones). En todos los casos han sido terrenos públicos, sin utilización actual y con afecciones ambientales importantes, como la contaminación provocada en aguas superficiales o subterráneas.
El Gobierno pretende en el plazo de un año elaborar una ley de suelos contaminados, en la que se concretaría la definición de los mismos, así como los procedimientos de actuación para recuperarlos. 'Se regulará legislativa y administrativamente', anticipa el portavoz del departamento, que califica esta norma como el 'proyecto estrella de esta legislatura'. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Sabin Intxaurraga anunciará la ley en su próxima comparecencia en el Parlamento para explicar los planes de su área.
El Departamento de Medio Ambiente se ha fijado en los últimos años en las actuaciones realizadas en países con experiencia en la recuperación de suelos altamente contaminados, como Alemania y Dinarmarca, también de gran tradición industrial. El objetivo primero es la prevención y la eliminación de los riesgos que algunas sustancias tóxicas almacenadas o depositadas en la superficie tienen para la salud humana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2001