El objetivo de la presente es intentar explicar cómo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dos profesionales de Atención Primaria de la misma categoría, ocupando un puesto similar, con la misma carga de trabajo y con el mismo rendimiento, pueden percibir en concepto de productividad, al final de año, cantidades tan dispares como 25.000 pesetas uno y 700.000 otro.
Hace ya unos años se introdujo en el SAS el concepto de 'productividad variable', con el ¿sano? objetivo de incentivar económicamente a los profesionales, según la consecución de unos objetivos elaborados por el SAS.
Algunos profesionales expresamos nuestro desacuerdo, entre otros motivos porque nos parecía difícil llevarlo a la práctica de forma justa, y porque nos temíamos que podía servir para lo contrario de lo que se pretendía.
En el ámbito hospitalario la experiencia duró poco. A raíz de la última huelga de médicos de hospital, el concepto de productividad variable desapareció y la cantidad de dinero prevista para ese fin pasó a percibirse como una cantidad fija en la nómina. Paralelamente se implantó el 'contrato-programa', por el cual el equipo de Atención Primaria y el SAS se comprometen a cumplir unos objetivos. La firma del contrato suponía asumir por un lado un presupuesto ridículo en materia de sustituciones y, por otro, comprometerse a no sobrepasar un límite (de pesetas) con respecto al gasto farmacéutico.
El último invento es la oferta de creación de las 'unidades clínicas', mediante las cuales se nos incita a 'asumir riesgos', a 'ser competitivos', a 'controlar el gasto'. Si formamos parte de dichas unidades, y firmamos el contrato, se nos asegura el cobro de una cantidad, en concepto de productividad, que ronda la superior expuesta anteriormente. De esta forma se da el hecho de que existan las diferencias retributivas expuestas al principio entre un equipo de profesionales que haya realizado exactamente igual de bien o mal su trabajo que otro.
En el caso concreto que exponemos (Zona Básica de Salud de Guillena, Distrito Sanitario de Camas, productividad correspondiente a 2000) existe el agravante de que la decisión de pagar o no, qué cantidad corresponde y el reparto de la misma entre los distintos profesionales, depende de la arbitrariedad de la dirección de distrito.
Soy un defensor convencido de la sanidad pública, y uno de los que en su momento argumentó su rechazo a firmar el contrato programa en un documento que terminaba más o menos así: '...seguiremos trabajando en la misma línea, pidiendo que nuestro trabajo sea supervisado y que se nos exija rendimiento en el mismo. El hecho de no firmar el contrato no va a suponer un cambio en nuestra actitud con respecto a lo que creemos que son nuestras obligaciones'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de octubre de 2001