El Consejo de Administración de El Monte, celebrado en sesión extraordinaria, decidió ayer facultar al presidente, Isidoro Beneroso, y los vicepresidentes de la entidad para interponer 'cuantas acciones, denuncias o actos procesales fuesen necesarios en defensa del buen nombre de la caja'. De este modo, El Monte abre la vía judicial ante la posibilidad de que la Consejería de Economía sancione al Consejo y a Beneroso por una supuesta ocultación de información en el proceso de renovación de cargos de la entidad.
La Consejería de Economía ha abierto un expediente sancionador contra El Monte por haberse negado a entregar al representante de la Junta en la Comisión de Control la lista de los 450 representantes de los impositores de la entidad, elegidos tras un sorteo ante notario entre unos 400.000 clientes de la caja. Estos 450 impositores deben elegir entre sí a 45 consejeros para la nueva asamblea de la caja. En un comunicado, El Monte recuerda que suministró esa información a la Comisión de Control y que desestimó la petición de dar copia a cada uno de sus miembros para garantizar la confidencialidad de los datos.
La caja presentará alegaciones al expediente y encargará las acciones legales al profesor Manuel Clavero Arévalo (especialista en el área administrativa) y al abogado Francisco Baena (penalista).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de octubre de 2001