Las grandes constructoras cuya cuenta de resultados está directamente vinculada a las adjudicaciones de contratos públicos ejercen serias presiones sobre todas las administraciones para mantener el tipo. Las denuncias sobre financiación irregular de los partidos políticos suelen ir asociadas precisamente a las comisiones que, supuestamente, se conceden a cambio de obtener contratos de cierta enjundia.
La Generalitat adjudica contratos a través de muchos departamentos ajenos a la Consejería de Obras Públicas propiamente dicha. Educación, Sanidad, incluso Bienestar Social, son departamentos que también distribuyen fondos para obras. Y ciertas empresas públicas canalizan un importante volumen de inversión en infraestructuras que los presupuestos de la Generalitat no pueden soportar directamente.
Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, ha encomendado a José Ramón García Antón, titular de Obras Públicas, la supervisión de las adjudicaciones de todos los departamentos para intentar mantener un equilibrio entre el volumen de negocio que arrancan las constructoras a la Administración autonómica.
Pero al margen de las grandes obras, la propia Consejería de Obras Públicas adjudica centenares de pequeños trabajos con un presupuesto relativamente pequeño. El control de las concesiones para evitar las presiones de las grandes constructoras apenas se puede sostener en las adjudicaciones menores.
Más allá de la decisión política sobre ofertas que deberían calibrarse según criterios exclusivamente técnicos en las infraestructuras de importancia, en las obras menores cobra una desmedida importancia la relación personal con los funcionarios del aparato administrativo implicados en los trámites de las adjudicaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de octubre de 2001