Las medidas del Gobierno contra las vacas locas rara vez han destacado por su longevidad, pero el caso del certificado del anexo XI -un papel en el que el ganadero y un veterinario oficial debían garantizar la ausencia de 27 enfermedades en cada animal destinado al matadero- se ha llevado la palma: se impuso por decreto en diciembre, se modificó en enero ante la irritación unánime de los sectores implicados y fue recurrido por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ante la Audiencia Nacional. Finalmente, el Gobierno lo suprimirá este mes, según informó el secretario general de la UPA, Fernando Moraleda, y confirmó el Ministerio de Agricultura.
Los ministerios de Agricultura y Sanidad están ultimando las negociaciones con las comunidades autónomas y el sector para unificar en un solo texto los decretos, reglamentos y modificaciones que han venido aprobando desde diciembre en relación con las vacas locas. La principal novedad del decreto único será la supresión del polémico certificado.
'Sentimos el tiempo que se ha perdido con este asunto', dice Moraleda, 'pero estamos satisfechos por la retirada del certificado. Ni los ganaderos ni los veterinarios de las explotaciones podían certificar la ausencia de esas 27 enfermedades sin pruebas. Retiraremos el recurso'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de octubre de 2001