La Agencia Tributaria y el posible trato de favor al entorno de Gescartera, los contratos de empresas públicas con Asesores 2000 (la empresa de Roberto Santos que invirtió en Gescartera) sobre todo durante la etapa socialista, la relación entre la Guardia Civil y la familia Giménez-Reyna y el nulo control a las inversiones de los Huérfanos del instituto armado fueron ayer motivo de debate en la comisión que investiga el escándalo financiero. Fuera de la comisión, asociaciones de funcionarios de Hacienda criticaron la auditoría de la Agencia Tributaria sobre las cuatro inspecciones frustradas a Gescartera.
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Los funcionarios calificaron de "poco creíble e inadmisible" las excusas dadas para explicar los motivos de que quedaran en el cajón cuatro inspecciones tributarias al núcleo de Gescartera.
La Agencia, a través de un comunicado, minimizó las críticas como propias de funcionarios descontentos porque no son ascendidos. Ayer estaba citado en el Congreso el anterior director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. Éste, tras abundar en la tesis de que los funcionarios críticos no eran más que un grupo de descontentos, aprovechó una pregunta del PP para refrescar algunos datos sobre la empresa de Roberto Santos, a la que el Gobierno relaciona con Gescartera y el "lavado de dinero negro". Pero también aseguró Ruiz Jarabo que Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, y Carmen Fernández Rozado -inspectora jefe de Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando en 1998 se abrieron y cerraron expedientes de Gescartera- "eran amigas" e integrantes del mismo cuerpo de funcionarios. Fernández Rozado fue nombrada consejera de la Comisión Nacional de la Energía, nombramiento que deprende del Ministerio de Economía.
Asesores 2000 (empresa participada por Roberto Santos, José Antonio Sánchez, José Nevado y Jesús Carrillo) cobró 195,6 millones de pesetas entre 1989 y 1997 de diversas sociedades pertenecientes al grupo público SEPI (o sus denominaciones anteriores, INI o Teneo). Estos contratos no tienen nada que ver con Gescartera, y la única relación es que Santos ha sido acusado por Antonio Camacho, el dueño de la agencia, de proporcionarle clientes con dinero negro. Sánchez abandonó temporalmente Asesores 2000 para trabajar en Telefónica bajo el mando de Juan Villalonga, antes de volver con Santos a la sociedad.
Jarabo explicó que, según sus investigaciones en la SEPI, algunos de esos cobros tienen difícil explicación. En Babcock Wilcox, por ejemplo, Asesores 2000 cobró 54,7 millones, sin que se hayan localizado facturas. En los archivos de la empresa figuran tres informes elaborados por Asesores 2000. Uno de ellos se titula Panorama político y perspectivas económicas para 1997, con fecha de febrero de 1997, ya bajo el Gobierno del PP. Otros cobros a Trasmediterránea o la matriz del grupo público (INI/Teneo/Sepi) se justifican por "asesoramiento y gestión de comunicación", y son anteriores al triunfo del PP.
Horas antes, el general de la Guardia Civil Antonio Blanes había revelado que Enrique Giménez-Reyna le facilitó una entrevista el año pasado con Ruiz Jarabo, entonces director de la Agencia Tributaria y le acompañó a ella, como "amigo". Blanes acudía a la Agencia Tributaria con el objetivo de "regularizar la situación" del Colegio de Huérfanos de la Benemérita, que llevaba años sin presentar declaración del impuesto sobre sociedades. Blanes contó que ese día le "atendieron estupendamente", pero desligó ese trato de la posterior inversión en Gescartera.
Aquella inversión en la empresa de Camacho, de 100 millones el 16 de febrero de este año y de otros 320 millones el 22 de mayo, fue, según Blanes, responsabilidad suya. La hizo porque conocía a Pilar Giménez-Reyna, como al resto de la familia, y quería mejorar la rentabilidad de las inversiones de los Huérfanos. Blanes dijo que ofreció su dimisión al director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso.
Los diputados discutieron durante casi dos horas las comparecencias de la próxima semana. Vendrán, entre otros, el secretario de Estado de Economía, José Folgado; el Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana; la directora del Tesoro, Gloria Hernández, y el jefe de gabinete de Rodrigo Rato, Jaime Pérez Renovales
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de octubre de 2001