La juez Teresa Palacios ha abierto diligencias para investigar el contrato del cantante Julio Iglesias con la Generalitat Valenciana. La apertura de diligencias se produce después de que el diputado provincial Juan Antonio Toledo (PSPV-PSOE) presentase una denuncia por delitos de malversación de caudales públicos, delitos fiscales y falsedad en documento público. La denuncia, que ha sido trasladada a la Fiscalía Anticorrupción para que informe si la Audiencia Nacional es competente, relata que la Generalitat firmó un contrato con Julio Iglesias para realizar labores de promoción turística en 1998 por 375 millones de pesetas, que finalmente ascendió a 1.000 millones.
Además señala que los pagos que excedieron lo pactado se realizaron a empresas extranjeras, alguna de ellas radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. En su denuncia, el político socialista afirma que no se sabe quién fue el destinatario último de estos pagos, ni si éste formaba parte del contrato, y que se desconoce si se cumplió la legislación fiscal española. El denunciante afirma que el presidente valenciano Eduardo Zaplana intervino personalmente en las negociaciones. La oposición pidió sin éxito una comisión de investigación en las Cortes Valencianas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de octubre de 2001