En los últimos tiempos asistimos en Barcelona a situaciones curiosas: manifestaciones o conflictos que incorporan episodios de violencia y de destrozos en edificios y mobiliario urbano, que son profusamente filmados y cuya represión o control policial no se produce con la diligencia esperable en una situación de emergencia. ¿Meras coincidencias?, ¿dilación programada? No podemos descartar con rotundidad hipótesis alguna, pero lo cierto es que las mencionadas demoras policiales no son un episodio estrictamente local. Hemos visto casos similares en Gotemburgo, Niza, Londres y Génova, por citar sólo algunos ejemplos.
Si aceptamos que se trata simplemente de coincidencias o de imprevistos que impiden llegar a tiempo, hay poco que discutir. Pero, en caso contrario, una posible pregunta que plantearse es ¿qué gana la policía con llegar tarde? ¿Se gana algo dejando destrozar a placer oficinas bancarias, cabinas telefónicas o contenedores de basura? Una de las hipótesis que se airean en los círculos europeos que más se preocupan por la defensa de los derechos civiles (www.statewatch.org) es que existe una estrategia de incriminación progresiva de todo aquello que se entiende como disensión política radical con las bases actuales del desarrollo económico, de todo aquello que asume formas de protesta no convencionales o es expresión de formas de vida alternativa.
La circularidad de interacciones entre el sentido común de los ciudadanos que expresan su inquietud ante las escenas de violencia, la multiplicación de imágenes en la difusión de la noticia y la lectura que de todo ello hacen las empresas o las administraciones responsables de la seguridad acaba generando un buen escenario para lo que se ha dado en llamar estrategia de la 'tolerancia cero': guerra al delito, guerra al inadaptado, reconquista del espacio público, pacificación urbana y apartamiento de los desviados. De esta manera, toda disidencia acabará entendiéndose en clave de seguridad y, por tanto, se criminalizará y se colocará en el negociado de la policía o de la justicia. Las incertidumbres de la sociedad aumentan, la sensación de riesgo prolifera, y entonces el propio concepto de seguridad se amplía y sirve para todo. Nuestras sociedades inquietas buscan respuestas rápidas, y los responsables políticos encuentran en las alternativas policiales o judiciales una vía más rápida y aparentemente menos complicada que preguntarse por las causas del malestar y tratar de regenerar los lazos comunitarios que construyan otra concepción de la seguridad no reñida con el conflicto.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de octubre de 2001