La negación sistemática de legitimidad al adversario es un juego político peligroso, de efectos muy contaminantes. Los populares valencianos lo han practicado con asiduidad desde que alcanzaron el poder y las consecuencias están a la vista. ¿Las consecuencias o los síntomas? Tal como escribía hace unos días Javier Tusell en referencia al Ejecutivo central, disparar rápido y con grueso calibre a todo lo que se mueve suele ser una forma de respuesta de equipos de gobierno incompetentes e inseguros. No se puede decir, desde luego, que Aznar y Zaplana pasen por momentos gloriosos. El Consell de la Generalitat, en especial, se ve enredado de forma recurrente en una maraña de casos que creía haber conjurado a base de desplantes. En pocos días, los tribunales han aceptado dos iniciativas en ese sentido: una sobre la ocultación de información a los miembros del consejo de Ràdio Televisió Valenciana y otra sobre los pagos a Julio Iglesias en paraísos fiscales a través del Ivex por su fichaje como embajador valenciano en el extranjero. Esas novedades en dos frentes que Zaplana nunca ha logrado cerrar, pese a sus esfuerzos y a algunas decisiones judiciales discutibles, se han superpuesto de improviso a una ceremonia de la confusión, a propósito de la corrupción política, en la que el PP escupió contra el viento al tratar de hacer daño a los socialistas del modo más burdo y demagógico. A la insistencia en una investigación sobre Jaime Morey, ese asesor del presidente de la Generalitat implicado en el escándalo Gescartera del que desconocemos todavía méritos, vinculaciones, tareas y relaciones porque oficialmente no hay nada que explicar, el PP quiso contraponer la denuncia aireada contra el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, por un supuesto intento de financiación irregular. La oposición puso sobre la mesa, inmediatamente, el caso Naseiro, de cuya exhumación documental nunca puede salir Zaplana bien parado, y el caso Cartagena, que afecta a un ex consejero de Obras Públicas y que todavía está vivo judicialmente. Las simplezas tácticas del PP quedaron, de esa manera, reducidas a enredos en los que corre el Consell un serio riesgo de salir lesionado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de octubre de 2001