El portavoz socialista en el debate, Jordi Sevilla, se mostró especialmente crítico con la gestión de la Agencia Tributaria: 'Utilización partidista, manipulación de datos, ineficacia en la lucha contra el fraude'. Sevilla anunció que el Grupo Socialista pedirá una comisión de investigación en el Congreso 'sobre los métodos y resultados de la lucha contra el fraude fiscal', con un contenido muy similar al que en 1997 se dio a la denominada 'comisión de los 200.000 millones'. Ahora las tornas han cambiado, y si entonces fue el PP quien acusó al PSOE de haber aplicado una amnistía fiscal encubierta a sus 'amigos', ahora son los socialistas quienes piden que se aclare por qué la mayoría de las actas de la inspección de Hacienda quedan sin cobrar.
Ayer, algunos diputados recordaban que fue la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, quien convenció al entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, para lanzar esa grave acusación contra los socialistas. Aquella comisión sólo concluyó que hubo ineficacia en la lucha contra el fraude fiscal durante el Gobierno del PSOE, y ahora el caso Gescartera se ha llevado por delante a Pilar Valiente, y ha servido a los socialistas para tirar del hilo y poder concretar graves acusaciones contra la dirección de la Agencia Tributaria.
Sevilla denunció el retraso del Gobierno en enviar a la comisión de Gescartera el informe sobre el uso de dinero negro en la agencia de valores y le acusó de lanzar 'cortinas de humo, con nombres de socialistas' que, según el PP, han hecho inversiones irregulares.
Inspecciones sin cobrar
El portavoz socialista se preguntó por qué la deuda pendiente de cobro procedente del fraude fiscal asciende a 1,3 billones de pesetas y, 'lo que es más grave', por qué esa cantidad ha aumentado en 60.000 millones de pesetas al año desde que Gobierna el PP, según figura en la memoria de la Agencia Tributaria correspondiente a 2000.
Montoro volvió a lanzar acusaciones contra socialistas, y señaló que el familiar de un diputado del PSOE ha causado a una empresa pública un quebranto 'de casi 500 millones de pesetas'. Sevilla le advirtió de que, debido a su cargo, no puede conocer la identidad de las personas sometidas a una inspección de Hacienda, y menos aún hacerlo público. Cristóbal Montoro afirmó luego que no hay Gobierno 'más comprometido con la lucha contra el fraude fiscal que un Gobierno que baja los impuestos'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de octubre de 2001