El sindicato UGT denunció ayer que el grupo Campofrío -pro-pietario de Campocarne, la nave de procesado cárnico ubicada en Arganda y que fue destruida el pasado 1 de octubre por un incendio en el que murieron dos de sus trabajadores- ha entregado al comité de empresa un plan de futuro del que se desprende que el grupo Campofrío no reconstruirá la factoría devastada por las llamas. Además, según explicó Alfonso Juguera, secretario general de Alimentación de UGT, la empresa va a acometer una 'regulación laboral aprovechándose del incendio de la fábrica'.
Según Juguera, de los 151 trabajadores de la plantilla de Campocarne, 54 ya están trabajando en instalaciones del grupo Campofrío en Mercamadrid y San Agustín de Guadalix.
De los 97 restantes, 20 eran contratados eventuales, que no van a ser recolocados. A los 77 empleados que quedan la empresa les abrirá expedientes de extinción del contrato ofreciéndoles una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de una anualidad. Alternativamente, estos trabajadores podrán optar por la posibilidad de ser trasladados a dos factorías del grupo en Mollerusa (Lleida) y Lorca (Murcia), 'a cambio de que la empresa despida, de entre las dos plantas, el mismo número de trabajadores con contratos eventuales', según el portavoz de UGT.
Juguera asegura que se trata de una 'argucia' de Campofrío para despedir a los trabajadores de la empresa argandeña. 'Detrás de todo esto hay una clara regulación laboral, y la empresa tendrá que dar muchas explicaciones por los más de 300 millones que recibió en subvenciones para montar la nave incendiada si ahora no la quiere reconstruir', explicó Juguera.
Un portavoz de Campofrío señaló ayer que, 'a día de hoy, es falso asegurar que la factoría [de Arganda] no se reconstruirá'. Según este portavoz, Campocarne 'sigue evaluando el futuro de la planta, algo que lleva tiempo', y la intención de la empresa es 'recolocar a todos los empleados' en otras plantas, a excepción de las de Madrid, 'donde no hay capacidad para asumirlos'.
El secretario de Economía de la Federación Socialista Madrileña (FSM), Antonio Carmona, pidió al Gobierno regional una investigación para averiguar si, como dice UGT, Campocarne incumplió la Ley de Riesgos Laborales 'al no formar, ni informar, a los empleados sobre los planes de prevención de la empresa'. Carmona exigió que Campofrio devuelva 38 millones, 'a fondo perdido', que la Consejería de Economía le concedió en 1999 para construir la factoría en concepto de creación de empleo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de octubre de 2001