En España, afortunadamente, ordenar un homicidio está penado con años de cárcel. Tanto Bush como Clinton han reconocido haber dado la orden de matar a Bin Laden. Deberíamos preguntarnos si ser presidente de un país les legitima para hacerlo. Ni siquiera en EE UU, donde aún existe la pena de muerte, está permitido aplicarla sin un juicio previo. ¿Dónde está el garante de la democracia y las libertades?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de octubre de 2001