El magistrado conservador Roberto García Calvo, propuesto por el PP para ocupar una vacante del Tribunal Constitucional, afirmó ayer en el Congreso que él no defiende la cadena perpetura "pero sí, para determinados delitos, que es perfectamente posible el cumplimiento íntegro de las condenas", en alusión a la violencia terrorista. El pasado de García Calvo, gobernador civil antes de la democracia, fue el principal asunto polémico en la comisión de nombramientos del Congreso, que examinó ayer a varios de los candidatos a altos cargos institucionales pendientes de renovación.
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El magistrado, que catalogó de "anécdota" haber compatibilizado unos meses, entre 1975 y 1976, su cargo de gobernador civil y de jefe del tribunal sindical de amparo, admitió que en un artículo suyo vino "prácticamente a sostener la cadena perpetua" para algunos delitos de terrorismo. "Hoy", precisó ante la comisión a preguntas del diputado socialista Diego Lopez Garrido, "yo no sostengo la cadena perpetua pero sí, para determinados delitos, entiendo que es perfectamente posible el cumplimiento íntegro de las condenas".
García Calvo utilizó los cinco minutos iniciales que la presidenta de la comisión de nombramientos y del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, concedió a todos los comparecientes para defenderse de acusaciones que aún no se le habían formulado pero que él preveía. Recordó así, para empezar, su experimentado y destacado currículo, con 33 años de ejercicio en distintos puestos como juez y fiscal tras obtener en su día el número uno en su oposición judicial. García Calvo no ocultó que en su trayectoria existía "un anecdótico paréntesis que algunos, con no muy buena intención, han intentado elevar a la condición de categoría".
En ese momento no quiso ser muy preciso sobre cuál fue su destino exacto. Dijo que durante nueve meses, entre 1975 y 1976, ocupó a solicitud de un amigo, ahora secretario de Estado de Defensa, el cargo de inspector general de servicios del Ministerio de Educación. El juez remachó que en abril de 1976 fue nombrado gobernador civil de Almería por el Rey, y que permaneció en ese cometido diez meses. Detalló que luego renunció y no fue destituido, porque mantenía "excelentes relaciones" tanto con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, como con el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa.
El magistrado señaló que narraba ese "episodio anecdótico" para "desmitificar" las calificaciones que soporta "como una especie de gobernador franquista o ultraconservador". García Calvo se defendió de esas etiquetas apelando a las miles de resoluciones y sentencias dictadas en el ejercicio de su profesión. Roberto García Calvo negó tajantemente que se le pueda tachar de "ultracontrario a los valores constitucionales" y sólo aceptó ser "polémico" porque a la hora de defender sus posiciones siempre le gusta hacerlo "con palabras claras, sin medias tintas". "Y, si me permiten la expresión, a calzón quitado".
Los portavoces de la mayoría de los partidos, todos menos el del PSOE, aceptaron como "intachable" y perfectamente "idóneo" el recorrido profesional de García Calvo para ocupar una de las cuatro vacantes de magistrado en el Tribunal Constitucional. Sólo el diputado de Convergència i Unió (CiU) Manuel Silva aprovechó para certificar que a su formación no le han gustado las formas con que el Partido Popular y el PSOE han negociado bilateralmente este complicado acuerdo para la renovación de altas instituciones. Ayer, además de García Calvo, superaron este novedoso trámite parlamentario, de examen previo a su elección, Javier Delgado Barrio, Eugenio Gay y Elisa Pérez Vera para el Constitucional; y José Antonio Alonso, Faustino Gutiérrez-Alviz, José Alfons López Tena y Félix Pantoja para el Consejo General del Poder Judicial. Hoy comparecerán los seis candidatos para el Tribunal de Cuentas que serán votados por el Congreso.
El indulto a Liaño
Sobre el indulto del Gobierno del PP al juez prevaricador Javier Gómez de Liaño, en el que García Calvo fue el único miembro de la Sala que votó en contra de la posición de ese tribunal contra la actuación del Ejecutivo, el magistrado reiteró que no discute la competencia de esa Sala de lo Penal para decidir sobre la legalidad de esa actuación sino sobre su pretensión "de dejar sin contenido la medida de gracia constitucionalmente reconocida para el jefe del Estado". El hasta ahora presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, que ayer compareció en el Congreso como candidato al Tribunal Constitucional, defendió que en discrepancias como la que se produjo entre el Gobierno y el Supremo sobre el indulto a Gómez de Liaño sería "más lógico y razonable" que el veredicto final fuese del Constitucional, y no del Tribunal de Conflictos como sucedió.
El diputado socialista Diego López Garrido no desperdició la ocasión de repasar la adaptación de García Calvo, desde su "cargo en el sindicalismo vertical durante el franquismo" hasta su actual aspiración de ser miembro del Tribunal Constitucional. Así, recordó que ser gobernador civil "llevaba aparejado ser jefe provincial del Movimiento".
El parlamentario del PSOE consideró que podría existir una "cierta contradicción" entre ambas ocupaciones e interrogó al juez sobre sus criterios sobre la pena de muerte, la regulación del aborto, la España de las autonomías, las relaciones entre las parejas de hecho y su apoyo al indulto para el juez Gómez de Liaño.
García Calvo no eludió ninguna pregunta. El juez asumió su "biografía preconstitucional" como algo lógico por haber nacido en esa época, y puso como ejemplo de esa normalidad a algunos diputados presentes en la sala, entre ellos el popular Gabriel Cisneros.
El magistrado se definió a si mismo como un legalista. Así, se manifestó contrario a la pena de muerte, a favor de los supuestos aprobados de aborto -nunca sin la autorización de un facultativo-, partidario de la España de las autonomías y "abierto" a aplicar o autorizar sin "ningún sonrojo" las relaciones familiares "que diga el legislador".
Sobre la cadena perpetua, el magistrado Roberto García Calvo se remitió a su artículo Terrorismo y tipificación penal, en el que sostuvo la validez del cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo, aunque él mismo considera que "es difícil conciliar" esa opinión con la previsión constitucional sobre la reinserción social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de octubre de 2001