La no admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA y basada en la incompetencia del órgano judicial, está dando lugar a una serie de declaraciones muy llamativas. Las apelaciones al 'sentido común de la sección competente', para que no se planteara de nuevo la cuestión o las afirmaciones sobre pugna política entre un juez conservador y la Junta. Todo con el añadido de dar a conocer nuevos 'errores' o la elevación de una queja ante del CGPJ.
Son muchas las lecturas que pueden extraerse de esta situación, sin que sean los del error o errores. Uno de éstos, que de nuevo se pone de manifiesto que la Justicia sigue siendo un valor inalcanzable. El derecho de los ciudadanos a una Justicia rápida, y eficaz, sigue sin lograrse. Otro: que el derecho a la información, cuando la Justicia está por medio, tampoco se alcanza con garantías. No se conoce la opinión de los jueces. Hay silencio.
Es posible que, en la mayoría de las ocasiones, los jueces estén obligados a callar. Sin embargo, no parece que ésta deba ser una de ellas, y puedan ser válidas las opiniones que se dieron en el encuentro que entre jueces y periodistas tuvo lugar en Madrid (octubre, 1998). En ese encuentro, tanto el presidente del TSJA como el presidente de la Sala a la que se imputan los errores, se pronunciaron a favor de facilitar la tarea informativa a los medios. La colaboración se consideró un acto de cordura, que permitía el conocimiento adecuado del proceso como un derecho de la sociedad, siempre que procesalmente fuera posible (páginas 178 y 379 R. Poder Judicial, de noviembre de 1999).
Tal vez el hecho de encontrarnos en un procedimiento administrativo, que no está protegido por el secreto sumarial, y la existencia de manifestaciones, que ponen en tela de juicio la capacitación profesional de una sala de justicia, sean una buena ocasión para que las palabras sean hechos. Un pronunciamiento de la Sala de Gobierno del TSJA, de la propia sección o del CGPJ, sin más espera, permitirían ganar en transparencia y en conocimiento. La sociedad se podría formar una opinión más exacta sobre lo que ha sucedido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de octubre de 2001