No, oiga, no. La oposición no sólo tiene el derecho sino el deber de preguntar hasta la extenuación. Por ejemplo, unas cuantas cosas relativas a Jaime Morey y a Gescartera que hasta ahora únicamente han sido reconocidas tras haberse hecho públicas. Y no tiene sentido que el Gobierno investigue a la oposición. Ni que la amenace con hacerlo. Ni que saque de los cajones viejos papeles de la manera más demagógica. El Ejecutivo es algo distinto del partido que lo sustenta y el voto mayoritario de los ciudadanos no da patente de corso para emplear el poder como un bien consumible. Por ello, la función inquiridora de las minorías parlamentarias debe respetarse sin matizaciones. Aseguran los socialistas (quienes se enfrentan otra vez a la asignatura pendiente de no dejarse desestabilizar desde sectores mediáticos acostumbrados a utilizarlos como objetos de usar y tirar) que no se dejarán atropellar. Tienen toda la razón. Es una aberración que el rodillo popular en las Cortes imponga una investigación a Joan Ignasi Pla, que es diputado en el Congreso, y la rechace para un asesor del presidente de la Generalitat implicado en un escándalo descomunal. En su contraataque, han aludido los dirigentes del PSPV a Rosendo Naseiro, aquel coleccionista de obras de finos pintores del siglo XVII que dio nombre a un espectáculo sobre la financiación ilegal del PP en cuyo guión ('Y entonces le dices, bueno yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras... / Bueno, le pido más... / ¿Eh? Lo que te dé y me das la mitad bajo mano') tuvo Eduardo Zaplana un triste papel. La sensación de estado de corrupción, en expresión que utilizó en su día Manuel Vázquez Montalbán, es todavía más absurda cuando viene propiciada por la estrategia gubernamental. Y dice demasiado de una política que tiende a entender las victorias electorales como una forma de usurpación. Miguel Herrero de Miñón calificó de 'vocación abismática' esa pulsión revanchista de la escena pública en la cual 'el abismo llama al abismo'. Un amigo mío, más coloquial, se limita a comentar que Zaplana quiere convertir la Generalitat en el Ayuntamiento de Pego. Sin más.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de octubre de 2001