El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha confirmado la tesis del fiscal jefe del TSJ (Tribunal Superior de Justicia), Enrique Beltrán, al solicitar el sobreseimiento provisional del procedimiento abreviado contra el ahora ya ex juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia y Castellón, Ernesto Alberola.
Juan Montero, juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, recurrió a Jesús Cardenal tras pronunciarse Beltrán en favor del archivo provisional. La petición de Montero se produjo a pesar de que el fiscal jefe del TSJ anunció a la vez que su decisión que en ella coincidía su superior, el Jesús Cardenal, a quien fue expresamente a visitar a su despacho en Madrid y tuvo una reunión en la que estuvieron presentes otros tres fiscales.
El fiscal general del Estado, según confirmó ayer desde la Fiscalía en Madrid, ha entendido que los hechos que relata el magistrado Montero en su auto son ciertos pero que de ellos no se puede, como dijo hace escasos días Enrique Beltrán, calificar delito alguno. Cardenal, que no entra en valoraciones sobre si son justas o injustas las decisiones tomadas por Ernesto Alberola que dieron lugar a la causa, considera que se ajustan a Derecho y que no se puede deducir de ellas prevaricación. De su petición de sobreseimiento provisional se desprende que Alberola no se saltó el parecer de la Audiencia Provincial de Valencia al resolverse los recursos interpuestos contra algunas de sus decisiones por el fiscal de vigilancia penitenciaria.
Desde la propia fiscalía del TSJ se ha querido dejar claro que no había intención de 'justificar' ni 'esconder o neutralizar' una acción contra un magistrado sino que los hechos probados no son constitutivos de delitos. En cualquier caso, ya antes de que el fiscal general del Estado se hubiera pronunciado, y con posterioridad a la petición de sobreseimiento provisional hecha por Beltrán, Alberola pasó al Registro Civil.
Ahora, una vez Cardenal ha respaldado la petición de sobreseimiento provisional, es el juez instructor el que debe dar oficialmente por cerrado el caso. La investigación sobre dos supuestos delitos de prevaricación al conceder permisos y cambios de grado a internos a sabiendas de que eran injustos -una de ellas en relación a Gabriel Fandos, condenado por homicidio y por un delito de tráfico de drogas por participar en la muerte de un traficante en la Fundación Arribas de Alaquàs- se convertirá en carpeta cerrada, con posibilidad de que la causa pueda volver a abrirse si aparecen pruebas sobre estos dos supuestos delitos u otros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de noviembre de 2001