La última vez que se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo fue hace 16 meses, en junio de 2000. El acuerdo fue suscrito por todos los partidos políticos en 1998 como compromiso firme en favor de la 'regeneración política'. Cada uno de los firmantes era consciente de que el transfuguismo reportaba a veces beneficios y en ocasiones, todo lo contrario. Ninguno se aprovecharía de las deserciones del adversario para incorporarlo a sus filas y derrotar al alcalde del partido que ha sufrido la traición de uno de los suyos.
Durante este tiempo ha habido momentos de tensión, como el actual, y amenazas de ruptura que nunca se han consumado. Con el conflicto en Andalucía se constata que el PP quiere romper el Pacto Anti-GIL, porque 'ya no tiene sentido' pero, sin embargo, quiere mantener el Pacto Antitransfuguismo suscrito para toda España. El PSOE,por su parte, aparenta querer la ruptura de este último.
La última crisis se produjo en junio de este año. Conflictos en ayuntamientos madrileños (Móstoles, el segundo en población) y, singularmente, en el de Tortosa, llevaron a los dos partidos, con la intervención de las dos direcciones, a amenazarse con la ruptura. Ni entonces ni ahora han impulsado la reunión de seguimiento para analizar el grado de cumplimiento del pacto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de noviembre de 2001