El 73% de las sentencias que se dictaron en la provincia de Valencia a lo largo de 2000 impusieron la pena más baja de las posibles. Así lo ha afirmado el fiscal jefe del Tribunal superior de Justicia (TSJ), Enrique Beltrán, quien puntualiza que esas sentencias han sido a la baja sin que hubiera atenuantes o eximentes posibles a tener en cuenta. El otro 27%, según Beltrán, se ha ajustado a la petición del ministerio fiscal o ha estado por debajo. Esta tendencia de los magistrados se agudizó más, según el fiscal jefe, en las secciones de la Audiencia de Valencia que en los juzgados de Lo Penal.
El hecho de que la mayoría de los magistrados decidan dictar sentencias que castigan con la menor de las penas posibles no es, dijo Beltrán, monopolio de la administración de justicia valenciana sino 'que ocurre otras audiencias del resto de España'.
Beltrán, que no cree que esa práctica de los magistrados 'sea equitativa', entiende que la ley lo permite y que puede responder a un determinado concepto del valor de las penas que no está directamente ligado con la cantidad de años o de multa sino con el efecto que sobre el reo puede causar, 'aunque es importante no olvidar a la víctima'.
Si bien es cierto que, como indica Beltrán, la tendencia a sentenciar a la baja ha sido aplastante en 2000, lo es también, como él mismo puntualiza, que ello ocurre respecto de lo que se consideran delitos menores: robos o robos con fuerza en las cosas. 'Pero también ha habido algún caso en el que el delito que se estaba juzgando era un homicidio o un asesinato, por eso entiendo que imponer la menor de las condenas que en esos casos permite la ley no es equitativo y se dictan penas muy alejadas a las solicitadas por el ministerio fiscal', añadió Beltrán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de noviembre de 2001