Sólo en un 3% de los accidentes laborales con resultado de muerte que se registran en Madrid se produce una sentencia penal tras la vía judicial, según denuncia el sindicato UGT. Esta circunstancia, sumada a los altos índices de precariedad constantes en sectores como la construcción y el metal, contribuye a la elevada tasa de siniestralidad que muestra la capital, según los responsables en esta materia del sindicato. De enero a junio de este año se han producido 89 accidentes laborales mortales, lo que supone un 28,9% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra ascendió a 69 fallecimientos, según datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).
'Mientras sigamos admitiendo que los muertos se cubren con dinero, va a ser muy difícil reducir la siniestralidad laboral. Hay que tocar a los empresarios, que éstos sepan que no prevenir los accidentes puede llevarles a la cárcel', dice Antonio Rodríguez, de la Federación de la Construcción y el Metal de UGT.
La tendencia actual es que las empresas pacten con los familiares de los fallecidos para así evitar ir a juicio, según explica el sindicato. En el caso de la construcción, el convenio laboral establece el pago de 6 millones de pesetas por accidentes con resultado de muerte, cantidad que, en lo que respecta a muchas subcontratas, se reduce a cero. De hecho, el sindicato cree que un 28% de las aproximadamente 35.000 empresas de la construcción que existen en la región son piratas. 'Si el trabajador tiene la desgracia de pertenecer a una subcontrata pequeña y fallece, su familia no recibe nada', asegura José Luis Nogués, de la Federación de la Construcción y el Metal de UGT.
En Madrid, asegura Nogués, nacen cada día entre 50 y 60 empresas de la construcción, para cuya creación la ley sólo exige un capital de 500.000 pesetas. 'Así es muy fácil que cualquiera pueda ser empresario y que a la hora de exigir responsabilidades esta persona se declare insolvente y el caso se archive', explica Domingo Organero, abogado de UGT.
El sindicato propone que se regulen las subcontratas en todos los sectores, especialmente en los sectores de la construcción y el metal, y que haya jueces y fiscales que al menos tengan una cierta especialización en investigar accidentes laborales. 'Es que los empresarios siempre intentan convencer a la familia de que no acuda a la vía penal', insiste Organero.
UGT también pide que el Gobierno regional cumpla su promesa de no conceder contratos a las empresas que registren un alto índice de siniestralidad laboral.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de noviembre de 2001