El derecho internacional reconoce que los pueblos coloniales, como cualquier pueblo democrático, tienen pleno derecho a determinar su futuro. Los gibraltareños ejercerán ese derecho sobre el futuro del Peñón. España, orgullosa de su Estado de derecho y democrático, debe apoyar el ejercicio de tal principio fundamental sin más. Las reclamaciones históricas no deben desenfocar la única solución moderna que admite este contencioso, sean cuales fueren los propósitos o las relaciones entre los señores Aznar y Blair (ninguno de los cuales representa al pueblo de Gibraltar). La Europa moderna en la que España insiste no admite colonias; tampoco admitiría que se imponga una solución a los gibraltareños.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de noviembre de 2001