Los ayuntamientos catalanes se resisten a perder el impuesto de actividades económicas (IAE) y además reclaman la ampliación de sus márgenes de decisión fiscal. Las reivindicaciones económicas han sido una constante entre los 1.200 participantes en el II Congreso de Municipios de Cataluña, que se clausura hoy en Barcelona, y las corporaciones aspiran, sin distinción de color político, a conseguir en los próximos años que sus ingresos no sean inferiores al 25% del conjunto de las administraciones públicas, cuando actualmente oscilan entre el 15% y el 18%.
En el documento de conclusiones que se presentó ayer, los municipios se comprometen a no urbanizar ni ocupar más terreno del necesario y a orientar la evolución urbana de sus pueblos y ciudades hacia modelos 'compactos, funcionalmente integrados y socialmente diversos' por considerar que son los más sostenibles y los que mejor garantizan la cohesión social.
Los cargos electos que a lo largo de este año han participado en el cónclave, constatan que la organización administrativa de los ayuntamientos ha quedado desfasada y responde más a 'la cultura política del siglo pasado' que a las necesidades para afrontar los retos del siglo XXI. Las corporaciones desean dotarse de mecanismos más ágiles que les permitan prestar los servicios que los ciudadanos piden, y para ello consideran imprescindible la puesta al día de la legislación para que sea más acorde con el cambio de hábitos de los ciudadanos.
Si las relaciones laborales, comerciales y espacios lúdicos se organizan de forma muy diferente a como se hacía años atrás, cuando la vida cotidiana de los residentes transcurría sin apenas moverse de su pueblo, a los consistorios no les parece lógico que siga vigente un cúmulo de reglamentos y normativas que encorsetan demasiado la gestión del transporte público, de la policía local y de tantos otros servicios. Según las conclusiones, lo razonable es facilitar estos servicios de manera compartida entre ayuntamientos limítrofes.
Listas abiertas
Con tanto como queda por hacer en los 946 municipios catalanes, los alcaldes se muestran partidarios de ampliar a seis años la duración de los mandatos municipales. Las conclusiones del congreso insisten en que al Parlament le corresponde legislar el régimen electoral municipal, lo cual abriría las puertas a presentar listas abiertas y la elección directa del alcalde. También se proponen impedir que los ediles tránsfugas puedan integrarse en otro grupo.
Las relaciones entre la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que agrupa a los ayuntamientos gobernados por la izquierda, y la Associació Catalana de Municipis (ACM), que integra básicamente a los de CiU, pasan por uno de sus mejores momentos, según se esforzaron en explicar ayer sus representantes. 'Nunca se habían conseguido niveles tan altos de consenso', señalaron tanto el presidente de la FMC y alcalde de Mataró (Maresme), el socialista Manel Mas, como el teniente de alcalde de Tarragona, Santiago Pallàs, de CiU, en nombre de la ACM.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de noviembre de 2001