Un tercio de las amenazas judiciales del PP (13 de las 36 recogidas) han tenido como escenario el Ayuntamiento de Cádiz. En este Consistorio es donde de forma más evidente se ha plasmado la judicialización de la vida política, especialmente en las últimas semanas. El escaparate de esta realidad se constata en los plenos municipales donde, a las críticas o acusaciones políticas, los ediles populares o la alcaldesa, Teófila Martínez, responden en ocasiones con el anuncio de acciones judiciales. La mayoría queda en simples avisos.
Sólo el tiempo dirá si el PP consuma sus propósitos de emprender la vía judicial contra toda la oposición por la trama china o si el concejal Jorge Moreno, brazo derecho de Martínez, demanda al portavoz andalucista, Julio Braña, por criticar las asignaciones del edil popular.
En los seis años de gobierno local del PP, Braña, antes del PP, ha sido el objetivo más perseguido con hasta siete amenazas de querella. Sólo una acabó en el acto de conciliación. Del resto no se supo nada más. 'Y es que no había motivos para nada', explica Braña, quien ya no se sorprende e ironiza sobre este panorama. En el último pleno, se dirigió a la alcaldesa como 'querellator', que es como fue bautizada hace años por Luis Pizarro, secretario de Organización del PSOE andaluz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2001