Acudir a los tribunales para resolver las disputas políticas puede también jugar malas pasadas. El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, puede dar testimonio de que donde las dan, las toman. El edil del Partido Popular se querelló por injurias contra el portavoz del PSOE, Francisco Oliva, porque lo había acusado de ocultar órdenes de embargo de un juzgado.
Francisco Oliva había denunciado a Ramos por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documento público porque el área municipal de Bienestar Social, de la que Ramos fue director antes de obtener su acta como concejal en 1999, nunca tramitó distintos requerimientos de embargos de su nómina enviados por un juez.
El instructor de la querella por injurias, el juez Juan Francisco Ramírez Barroso, no sólo desestimó que Oliva hubiera injuriado a Ramos, sino que en el auto de archivo de la querella hizo constar que existían indicios razonables de que el querellante había delinquido, aunque se abstuvo porque la denuncia del PSOE era tramitada en otro juzgado. La tesis del juez de Málaga es que no se puede considerar injuria la imputación de un delito que ha sido denunciado y está siendo investigado en un tribunal de justicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2001