La Universidad de Málaga está a punto de concluir la rehabilitación del antiguo edificio de Correos, junto al Paseo del Parque, que le permitirá disponer de una sede institucional en el centro de la ciudad, pero se encontrará con que antes de ponerla en servicio deberá hacer frente a una sanción de 26.047.769 pesetas que le ha impuesto el Ayuntamiento por la ocupación ilegal de la vía pública.
Según se constata en el expediente, abierto en 1998, la constructora, ACS, ha hecho caso omiso a los reiterados requerimientos que le ha hecho el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre (PP) para subsanar las anomalías o, en su caso, abonar las tasas por ocupación de vía pública. Los servicios de disciplina urbanística municipales entienden en sus informes que hay situaciones en las que las características de la obra obligan a una ocupación parcial o temporal de la vía pública, 'pero en ningún caso se puede justificar la ocupación de la totalidad de una calle como almacén de obras'. En varias ocasiones desde que las obras se iniciaron en 1998, el servicio municipal de Tráfico alertó también a Urbanismo del peligro que corrían los peatones que tenían que andar por una de las vías de circulación de la avenida Cervantes porque la acera y parte de la calzada estaban invadidas por las obras y el vallado. La constructora incluso llegó a solicitar la supresión de un paso de peatones alegando motivos de inseguridad, pero el Ayuntamiento lo denegó y le recordó que tenía la obligación de adoptar medidas para garantizar la seguridad de los viandantes.
De los 26 millones de pesetas, 500.000 son estrictamente de multa, el resto corresponde a la liquidación de tasas por ocupación de la vía pública que la constructora ha dejado de satisfacer. La Universidad obtuvo la licencia de obra el 22 de mayo de 1998 con una autorización para la ocupación de 215 metros cuadrados de vía pública durante año y medio por la que pagó 3,6 millones de pesetas. Sin embargo, la realidad es que desde que se iniciaron las obras hasta febrero de 2001 han estado invadidos 920 metros cuadrados de vía pública, lo que genera una obligación de pago de 25,5 millones de pesetas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2001