Entre 1992 y 2000 se construyeron en Sevilla 1.227 viviendas sociales. De ellas, 312 en el barrio de Los Bermejales. Mientras que la media de vivienda social por sevillano es de una por cada 577, en este barrio, situado en la zona Sur de la capital, es de una por cada 21 habitantes, 27 veces más que la media de la ciudad.
Una desproporción que reconocen las autoridades y de la que protestan los vecinos. Pese a las quejas, Los Bermejales es un ejemplo de integración: en una acera, coquetas casas unifamiliares de clase media alta; en la de enfrente, ex chabolistas alojados en viviendas de protección pública en las que intentan adaptarse a sus comodidades.
Todos coinciden en que éste no es un barrio conflictivo. Hay robos a vehículos, casas o viandantes, pero como en casi cualquier otra zona de la ciudad. Pero los vecinos, también los de las 312 viviendas sociales, creen que el barrio ya no puede asumir más de estas casas.
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El esfuerzo 'por parte de todos' que precisa la integración, advierten, debe repartirse proporcionalmente entre toda la ciudad. Por experiencia creen que una familia conflictiva se integra en un bloque de vecinos; pero 'cuando se juntan cuatro de los que dan problemas, no terminan de integrarse nunca', asegura Aurora, vecina de una de estas viviendas sociales.
Aurora, como Carmen, Concha, Chari o José Manuel, adjudicatarios de casas de protección pública en este barrio, insisten además en que la concentración de estas viviendas en una misma zona acaba creando guetos de cara al exterior. 'Si están todas en el mismo sitio, Sevilla entera las señala con el dedo', advierte Carmen.
Los vecinos le reprochan también a la Junta su falta control sobre las casas. El suelo es de propiedad municipal, pero la encargada de edificarlas y distribuirlas es la Administración autonómica. Se supone que los beneficiarios deben pagar un alquiler mensual que oscila entre 7.000 y 8.500 pesetas y que al cabo de 10 o 15 años, según cada caso, pueden ejercer una opción de compra. Sin embargo, aseguran que, en la mayoría de los casos, la Junta no se ha preocupado nunca de cobrar ese alquiler.
Esta falta de control repercute, según algunos de los adjudicatarios, en que haya familias que no cuiden 'lo que les han regalado'. Carmen, casada y con cuatro hijos, estuvo ocho años en lista de espera para hacerse con una de estas viviendas y ahora asegura estar 'encantada'.
No obstante, dice que a veces siente 'vergüenza' de su propio bloque. 'La Junta debería inspeccionar el cuidado que le da cada uno a su casa porque nos las han pagado entre todos. Si una familia no valora lo que tiene o se niega a aprender a convivir, que se la den a otra', dice.
Carmen desmiente que los problemas que se registran en estas viviendas sean, como a menudo se cree, una cuestión de racismo. En su bloque, cuenta, sólo vive una familia de ex chabolistas de raza gitana y 'es extraordinaria'. 'Pidieron paciencia hasta que los niños se adaptaran a vivir en una casa, pagan la comunidad y van a la asociación de vecinos', comenta.
Durante esta semana, muchos vecinos de Los Bermejales se han manifestado en contra de una actuación especial que la delegación de Urbanismo barajaba en el barrio y que consistía en construir 45 viviendas para alojar a los últimos chabolistas que quedan en la zona.
'No nos oponemos a que les den casa, sino a que se las den a todos juntos', explica Concha Rivas, presidenta de la asociación de vecinos Bermejales 2000. Los argumentos han convencido a Urbanismo, que está dispuesta a buscar un plan alternativo para distribuir las viviendas por todos los barrios de la ciudad. 'No se pueden hacer guetos de ricos y guetos de pobre', subrayan desde la delegación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2001