TRAS EL FALLIDO INTENTO de encauzar las indagaciones sobre Gescartera a través de una discreta subcomisión, el Gobierno de Aznar secundó a regañadientes la iniciativa del PSOE y de otros grupos para crear una verdadera comisión investigadora. Con su habitual trapacería, el secretario general del PP hizo de la necesidad virtud mediante el invento de dos burdas patrañas: la falsa atribución al PP de la autoría de la propuesta y la maliciosa afirmación errónea de que por vez primera un Gobierno con mayoría absoluta se sometía a ese instrumento de control parlamentario en nuestra democracia. Pero las alegres libertades que se ha permitido Javier Arenas con la verdad quedaron sobrepasadas por el diputado Martínez Pujalte en la presentación de las conclusiones del grupo parlamentario popular: la virginal inocencia del Gobierno, exonerado de cualquier responsabilidad política en el caso Gescartera, resulta más inverosímil que la fantasía de los burros voladores.
La mayoría absoluta del PP -juez, abogado y parte en el pleito- impone a la comisión de investigación parlamentaria la conclusión de que no existen responsabilidades políticas del Gobierno
Si el PP había utilizado ya descaradamente su mayoría absoluta para rechazar comparecencias personales y peticiones de documentos, establecer el calendario de las citas y cambiar el formato de las sesiones en beneficio de los ministros Rato y Montoro, era lógico que apelara también a las reglas de la aritmética (los nacionalistas catalanes aportaron un superfluo sumando) para imponer sus conclusiones a la comisión. La sentencia absolutoria del Gobierno, dictada por su propio partido y fundamentada en la negación de la evidencia, era la inevitable consecuencia de que un solo actor desempeñara simultáneamente los papeles de juez, abogado y parte en el pleito. ¿Por qué el Gobierno y su partido han hipotecado irreparablemente su futuro metiéndose en ese jardín de mentiras y contradicciones? Además del presumible temor a irritar a la opinión pública con el cínico abandono de la doctrina Aznar, predicada antaño para acosar a los socialistas con la exigencia de constituir comisiones de investigación orientadas a depurar responsabilidades políticas, el PP se creyó quizá capaz de controlar la situación con ayuda de los testigos falsos suministrados por CiU y CC.
Pero los frutos de la investigación sumarial de la juez Palacios (como el comprometedor dietario de la presidenta de Gescartera y hermana del secretario de Estado de Hacienda) y las comparecencias de Fernández-Armesto y Vives (presidente y director de Supervisión de la CNMV en el crucial consejo de abril de 1999) derribaron el castillo de naipes construido por el PP y despejaron cualquier duda sobre quiénes dijeron la verdad y quiénes mintieron a la comisión. Si el ecónomo arzobispal parece sacado de una película de Buñuel, los regalos recibidos por Ramallo, el gran inquisidor de la corrupción socialista cuando era diputado del PP, muestran el verdadero rostro de la regeneración democrática anunciada por Aznar. La arrogancia chulesca de Rato, tomada por sus admiradores como destreza dialéctica, eludió las preguntas de la oposición -tengan o no relación con Gescartera-sobre el crédito bancario otorgado a una de sus empresas y otras eventuales colusiones entre las funciones públicas y los negocios privados del vicepresidente del Gobierno.
A la espera de que la juez de instrucción concluya -si el tiempo político y el fiscal general no lo impiden- el sumario de Gescartera, no existe todavía una hipótesis plausible sobre el escándalo. ¿Quiénes tiraron de los hilos para que el consejo de la CNMV no interviniera Gescartera en abril de 1999, mirase hacia otro lado cuando surgieron nuevas irregularidades, pusiera en marcha una operación de salvamento con el dinero semipúblico de la ONCE, sancionara con benevolencia las infracciones descubiertas por la inspección y promoviese su irregular ascenso a agencia de valores?. Al PP empieza a ocurrirle en el poder lo mismo que le sucedió al PSOE: su inverosímil versión del escándalo político-financiero de Gescartera, orientada a exonerar al Gobierno, ha dejado su credibilidad por los suelos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2001