La juez Aurora Ruiz, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, ha encargado a la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi un informe pericial independiente sobre los sondeos arqueológicos llevados a cabo en la Plaza del Castillo.
La juez, que aceptó a trámite la demanda interpuesta por ocho vecinos de la capital navarra contra los impulsores del polémico aparcamiento subterráneo, ha citado a declarar en el mes de diciembre, en calidad de imputados, al director general de cultura del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas, así como al concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, José Ignacio Labiano, y al secretario de la corporación, Jesús Lorda.
El juzgado entiende que los hechos denunciados tenían características 'que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal' y abrió diligencias previas para determinar la legalidad de las actuaciones. También ha pedido la comparecencia como testigo del responsable del gabinete arqueológico Trama, la empresa contratada por la constructora del aparcamiento, EYSER, filial de FCC, para supervisar los hallazgos.
Escasa relevancia
El responsable urbanístico municipal, José Ignacio Labiano, ha restado importancia a las citaciones y cree 'normal' que el juzgado haya encargado un informe pericial a un organismo independiente como Aranzadi. Labiano ha reseñado que la redacción definitiva del proyecto de aparcamiento siempre ha estado condicionada a los hallazgos arqueológicos, que los técnicos han determinado como de escasa relevancia. De hecho, el Ayuntamiento y la institución Príncipe de Viana decidieron documentar los restos de la ciudad romana fundada por Pompaelo y hallados en las excavaciones, pero, dado su mal estado de conservación, optaron por no mantenerlos. La Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo denunció recientemente que restos arqueológicos (cerámicas) así como huesos humanos han sido arrojados a la escombrera.
La denuncia penal señala que las autoridades incurrieron en un presunto delito de prevaricación y otros contra el urbanismo y el patrimonio histórico, y que el secretario municipal no emitió el informe preceptivo sobre la conformidad de la licencia constructiva.
Al director general de Cultura le acusan de 'inoperancia' y denuncian que un decreto foral atribuye a la Administración foral y no al Ayuntamiento de Pamplona la aprobación de las obras en monumentos histórico-artísticos como el casco antiguo pamplonés. Juan Ramón Corpas ha negado las imputaciones. 'El expediente ha sido escrupuloso y las excavaciones, minuciosas y detalladas, aunque siempre cabe discrepar de los técnicos', declaró. Para Labiano y Corpas, los denunciantes intentan 'obstruir el desarrollo de un proyecto democrática y legítimamente aprobado'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2001