La controvertida política del Gobierno de Navarra sobre el uso del euskera ha llegado a los tribunales y al Parlamento foral. Mancomunidades, ayuntamientos y diversas asociaciones de enseñantes, agrupadas en el denominado Observatorio de Derechos Lingüísticos, han presentado un recurso judicial ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la base de que los pasos dados por el gabinete de Miguel Sanz desde hace un año generan discriminación lingüística y vulneran el contenido de la ley foral del Vascuence.
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Al mismo tiempo, Izquierda Unida de Navarra, IUN-NEB, ha presentado en el legislativo una moción en la que se solicita la reprobación del gabinete de UPN, y la derogación de todos los mecanismos legales que han dado forma a esta 'contrarreforma lingüística'.
A juicio de los impulsores del recurso judicial, las cifras no dejan lugar a dudas. De los 13.000 puestos de trabajo de la Administración foral de Navarra, apenas 153 tienen un perfil bilingüe para atender a un 20% de la población que usa el euskera para dirigirse a la Administración foral. En la última oferta pública de empleo, UPN ha reducido de 234 a 149 los puestos en los que se requiere el conocimiento preceptivo del euskera.
La directora del Observatorio, Paula Kasares, estima que el Gobierno de Navarra discrimina el derecho reconocido de los navarros a dirigirse en euskera a la administración.
Frenar a UPNPor todas estas razones el Observatorio ha presentado un recurso que pretende paralizar en los tribunales de justicia el largo camino emprendido por UPN para reducir la presencia de la lengua vasca en los circuitos de la función pública.
La reciente equiparación del conocimiento del euskera con el conocimiento de cualquier otra lengua de la Unión Europea para su puntuación en los baremos de acceso a un puesto de trabajo en la función pública, es considerada como un despropósito por Ricardo Ederra, portavoz de Sortzen. 'En vez de valorar con naturalidad la mayor eficacia de un trabajador público bilingüe en las dos lenguas oficiales de Navarra, el Gobierno foral reduce el valor social que ha de tener el conocimiento de una lengua propia y oficial y lo rebaja incluso por debajo del valor de otras lenguas sin ningún estatus propio en Navarra'.
El recurso judicial está promovido por las Mancomunidades de Sakana, Malerreka, Bortziriak, Huarte y Esteribar, la Mancomunidad de Servicios Euskaldunes, el Ayuntamiento de Baztán, la plataforma Oinarriak, Sortzen, AEK, IKA y los sindicatos ELA, LAB, STEE y ESK.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de noviembre de 2001