La Comisión Europea tiene dudas sobre la legalidad de la ayuda pública de 18 millones de euros (2.994 millones de pesetas) concedida a la planta de motores Renault en Valladolid. Por este motivo, decidió ayer iniciar una investigación para verificar si cumple las reglas que afectan a la industria de vehículos de motor. Bruselas da un mes de plazo a España para responder.
España justifica el apoyo como una ayuda regional a la inversión. La compañía tiene la intención de producir hasta 6.000 motores diarios (unos 1,35 millones de unidades al año). La subvención permitirá instalar una nueva línea flexible de motores de gasolina y diesel. El temor era que la matriz hubiera escogido para la inversión Bursa (Turquía). Bruselas recuerda que 'debe efectuarse un análisis para comparar los costes del inversor en la región en cuestión (Valladolid) con los de un proyecto idéntico en otra localización (Bursa) para cuantificar las desventajas'.
La ayuda ascendería a un 14,31% de los costes subvencionables. Las autoridades españolas señalan que Valladolid tendría una desventaja comparativa del 27,91%, 'suficiente para justificar la ayuda'. Pero la Comisión considera que no se han proporcionado pruebas 'de que el inversor considerara la localización de Bursa como alternativa viable a Valladolid'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de noviembre de 2001