El conflicto entre los pescadores de la Comunidad de El Palmar y las cinco mujeres que desde hace más de seis años pleitean por su ingreso en la organización ha tomado un giro político. Ayer, el letrado de los pescadores, Francisco Davó, entregó en el registro de la Presidencia de la Generalitat un escrito en el que solicita a Eduardo Zaplana que designe un mediador. Según Davó, 'el objetivo es alcanzar una solución global que va más allá de la ejecución de la sentencia'. Davó aseguró que 'no hemos puesto condición alguna y estamos dispuestos a aceptar la incorporación de las mujeres siguiendo la interpretación de la sentencia que ha hecho la parte contraria siempre que se establezca una negociación en la que se consideren otros aspectos también importantes que afectan a la vida social y familiar de la Comunidad'.
A pesar de que Davó quiso aclarar que esta decisión de la asamblea general de la Comunidad en una tensa reunión celebrada en la tarde del pasado miércoles 'no es ningún intento de presionar a nadie', Mario Pérez, abogado de las mujeres, dijo ayer no entender el sentido de la mediación 'cuando lo que tienen que hacer es acatar una sentencia'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de noviembre de 2001