Luciano Violante, portavoz de los Demócratas de Izquierda en la Cámara de Diputados de Italia, anunció ayer que pedirá al Gobierno que explique los efectos de la recién aprobada ley que regula las comisiones rogatorias judiciales, tras la excarcelación de un empresario de Lombardía acusado de blanquear dinero mafioso.
Violante se refería a la puesta en libertad de Giovanni Pozzi, acusado de haber sacado ilegalmente de Italia más de 7.000 millones de pesetas. Los abogados de Pozzi obtuvieron la anulación del arresto de su cliente, el 5 de noviembre pasado, tras esgrimir ante un tribunal de Milán el nuevo texto que regula las comisiones rogatorias judiciales, aprobado por el Gobierno de centro-derecha.
La ley, que tiene carácter retroactivo, desató una enorme polémica porque, según los magistrados, permitirá la salida en libertad de acusados de terrorismo o mafiosos, encarcelados muchas veces. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha negado siempre y de manera vehemente este extremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de noviembre de 2001