El portavoz popular en el Ayuntamiento, Jaime Raynaud, percibe 'una especie de fiebre colectiva' que lleva a Monteseirín a 'hacer dádivas a troche y moche'. Raynaud aseguró que entre septiembre y noviembre el alcalde ha repartido más de 100 millones de pesetas entre unas 30 asociaciones. Según el portavoz popular, estas entidades habían firmado contratos programas con Monteseirín durante la campaña electoral.
El reglamento de Participación Ciudadana establece que el proceso de concesión de las ayudas se inicará a solicitud de los interesados y previa convocatoria pública. 'Excepcionalmente y por circunstancias especiales podrá iniciarse el procedimiento sin mediar convocatoria pública'. En opinión del portavoz popular, Monteseirín ha abusado de esta excepción.
El delegado de Hacienda, Carmelo Gómez, aseguró que la alcaldía no está sujeta a este reglamento, a pesar de que el artículo dos del mismo incide en que éste es aplicable a 'toda disposición gratuita de fondos municipales' que realice el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos 'con cargo al Presupuesto Municipal', sin que se especifique ninguna excepción para las cuentas de alcaldía.
Investigación en Tráfico
Por otra parte, un informe del secretario de la corporación advierte de que 'las actuaciones relativas a la comisión de investigación y al expediente disciplinario sobre presuntas irregularidades en Tráfico no inciden' en el proceso de adjudicación de los servicios de señalización.
El secretario subraya, además, que el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 'exige' que el contrato se adjudique en el plazo máximo de tres meses 'a partir del acto de apertura de las proposiciones', que en este caso fue el pasado 20 de agosto.
La propuesta de adjudicación se llevará, finalmente, a próxima comisión de gobierno. PP e IU criticaron ayer que la empresa Grupisa, desde la que partieron las supuestas irregularidades, sea una de las adjudicatarias, pero desde el PSOE se insiste en que la empresa ha cambiado de dueños y que no hay ninguna razón para no adjudicarle los servicios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de noviembre de 2001