Considero totalmente inapropiadas y fuera de juego las declaraciones hechas por Jiménez de Parga, el nuevo presidente del
Tribunal Constitucional, cuando dijo que, a raíz de las medidas antiterroristas acordadas por el Gobierno de EE UU, ningún lehendakari de Oklahoma ni autonomista de California se ha opuesto, que no han aparecido problemas sobre cuestiones de competencia y recelando de un Estado con un poder más centralista.
En el preámbulo de la Constitución aparecen los principios configuradores del Estado de derecho: artículo 1, 'España se configura en un Estado social y democrático de derecho'; artículo 9.3, 'se garantiza el principio de legalidad, que en grandes rasgos nos dice que todos los poderes públicos están sometidos a la ley, en la medida en que esta ley es la expresión de la voluntad popular'.
Tengo que recordarle al señor Jiménez de Parga que, democráticamente, el pueblo español, en 1978, se decantó mayoritariamente por el Estado de las autonomías, otorgando a estas instituciones poderes legislativos y determinadas competencias.
No es un discurso coherente abogar por la vigencia total de la Constitución para tratar de resolver ciertos aspectos, y en otros decantarse por un modelo de Estado centralista.
Creo que es necesario que el señor Jiménez de Parga rectifique sus declaraciones o sea cesado en su cargo, ya que, si no es capaz de respetar los equilibrios entre instituciones ni los niveles competenciales, está desacreditando a la institución básica en la que se asienta nuestra sociedad.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de noviembre de 2001