Los representantes de la Generalitat y de sus empleados se sentaron ayer en la Mesa General de la Función Pública, el máximo órgano de negociación en el seno de la Administración autonómica, y sólo lograron ponerse de acuerdo para fumar en el transcurso de la reunión.
La convocatoria estaba viciada en origen. Es preceptivo convocar a los representantes sindicales de los funcionarios para negociar el volumen de la nómina de la Generalitat durante la elaboración de los presupuestos. Pero el proyecto de ley ya se está tramitando en las Cortes Valencianas y fija un aumento salarial del 2%, el mismo que prevé la Administración del Estado.
Los representantes sindicales obviaron el orden del día y cargaron en el turno de ruegos y preguntas para pedir cuentas sobre una serie de acuerdos que la Generalitat ha incumplido sistemáticamente.
Carlos González Cepeda, consejero de Administración Pública, se comprometió a poner coto a la temporalidad que afecta a unos 13.000 empleados con carácter interino a través de ofertas de empleo público que no se han convocado; un año antes se pactó la creación de tres equipos de prevención de riesgos laborales que nunca se han constituido; la reducción de la jornada a 35 horas, prevista en el Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo sólo debe pactarse antes de 2004; la recolocación de los empleados del extinto Consell Metropolità de L'Horta se resolverá, a capón, a partir del próximo lunes, cuando debe disolverse la comisión paritaria que gestiona el ente desde su defunción.
El accidente sufrido por el vehículo que trasladaba al director general de Universidades a Valencia el pasado jueves por la noche, sin mayores consecuencias, caldeó el conflicto de los conductores. Pero Cepeda trasladó la patata a Vicente Rambla, consejero de Hacienda.
La negociación se quedó en humo. El único acuerdo, por cierto, viola la ley que prohibe fumar en los edificios públicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de noviembre de 2001