Sharon denuncia ante la justicia belga la ley que permite su acusación

En Bélgica, ninguna parte civil puede denunciar ante un tribunal ordinario a un miembro del Gobierno. La ley belga de competencia universal admite, sin embargo, todas las demandas en este sentido contra cualquier mandatario del mundo, salvo que sea belga. Esta discriminación, que instituye la ley de 1993 que permitió en junio condenar a cuatro ruandeses por genocidio, es el principal argumento expuesto ayer por los abogados de Ariel Sharon ante el Tribunal de Apelación de Bruselas para evitar su procesamiento por las matanzas, en 1982, de los campos de refugiados de Sabra y Chatila.

O se cambia la ley o en nombre de la no discriminación se juzga a los miembros del Gobierno también ante un tribunal ordinario. Ésta fue la conclusión expuesta por los abogados del primer ministro israelí, que argumentaron que la ley belga de competencia universal supone una discriminación intolerable de los mandatarios de todo el mundo respecto a los belgas.

De ahí que ayer pidieran al Tribunal Constitucional belga que se manifieste sobre esta excepción. Los jueces oirán a la acusación el 26 de diciembre próximo y a los representantes de Sharon el 23 de enero. Sólo después de esa fecha se sabrá si el proceso contra el mandatario israelí, actualmente congelado por las alegaciones presentadas por Israel, sigue su curso.Tras la comparecencia ante el tribunal bruselense, los abogados de Sharon y varios portavoces del Gobierno israelí comparecieron también ante los medios de comunicación por vez primera. Israel no quiso limitar esta primera defensa pública oficial al terreno jurídico. "Deseamos que este asunto se termine cuanto antes", advirtió Daniel Shek, director para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. "Es una hipocresía pretender que este caso no enturbia nuestras relaciones con Bélgica". El Gobierno belga está estudiando cómo cambiar la ley de 1993 para preservar la inmunidad de los mandatarios, un aspecto que sólo ha sido considerado una vez presentada la querella contra Sharon.

Para los letrados de Sharon es una evidencia que el caso está politizado. "No puede ser casualidad que la demanda se presente en plena presidencia belga de la UE, que no acuse a los autores materiales de las matanzas y que se produzca 18 años después, cuando Sharon es primer ministro", señaló Michèle Hirsch, abogada belga que defiende al Estado de Israel.

Tanto para Hirsch como para el abogado personal de Sharon, Adrien Masset, este caso es un "ataque a la soberanía de Israel". En esta línea insistió Irit Kohn, del Ministerio de Justicia israelí, que recordó que la Comisión Kahane investigó las matanzas de Sabra y Chatila (donde murieron más de 700 personas) y que no señaló responsabilidad penal alguna contra ninguna persona israelí.

Aquella comisión parlamentaria sí encontró responsable político a Sharon, entonces ministro de Defensa. El portavoz de la embajada en Bélgica, Daniel Saada, admitió que nadie ha ido a la cárcel por aquellas matanzas, pero añadió: "Nadie propició una investigación penal en Líbano ni en ningún otro país sobre aquellos hechos". Los abogados de Sharon aceptaron la demanda presentada el martes contra el líder palestino Yasir Arafat por actos cometidos contra ciudadanos israelíes desde 1974.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de noviembre de 2001