Nadie lo hubiera imaginado en Perú. Quince generales (cuatro de ellos antiguos comandantes jefe), un almirante, un fiscal de la nación, un vocal de la Corte Suprema, un fiscal provincial penal, un alcalde, cuatro congresistas, un magistrado electoral, un jefe de la Junta Electoral, tres ex ministros... Todos ellos están en la cárcel por graves delitos de corrupción. Ha ocurrido en un año, desde el 3 de noviembre del 2000, fecha de la creación de la Procuradoría ad hoc, encargada de investigar la trama de corrupción tejida por el ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos en connivencia con el ex presidente Alberto Fujimori,
Como representante de los intereses del Estado, dicha entidad ha impulsado procesos, impugnado resoluciones, aportado pruebas e intervenido en diligencias judiciales para desmantelar una red de proporciones gigantescas, que dejó en el más absoluto desprestigio a las más altas instituciones del país. Hasta ahora hay 195 investigaciones abiertas que afectan a 1.226 personas. El procurador ad hoc, José Ugaz, cree que se ha descubierto un 70% de la trama. 'Los avances han sido notables', dice, 'gracias a una ley que nos permite canjear beneficios por información. Casi todo el comité central vinculado con Montesinos ha hablado'.
La corrupción, de la que todo el mundo hablaba pero nadie tenía pruebas, saltó a la luz cuando se difundió el primer vídeo en el que el jefe de inteligencia sobornaba a un congresista. A partir de ahí, cuando el presidente y su asesor se habían convertido en fugitivos, la cascada de cintas comprometedoras no dejó títere con cabeza.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de noviembre de 2001