El Gobierno andaluz ha ordenado "suspender los programas de cooperación" con el Reino de Marruecos, según afirmó ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la sesión de control del Parlamento. En tres ocasiones, el dirigente socialista justificó esta decisión hasta en tanto no se resuelva la crisis diplomática entre el país norteafricano y España y regrese a Madrid el embajador marroquí, Abdesalam Baraka. El presidente andaluz volvió apoyar al Gobierno central en este asunto y consideró "injustificada" la retirada del representante marroquí.
El anuncio de Chaves va más allá de lo que dijo el pasado día 8 en Berlín, donde aseguró que no firmaría el Programa de Desarrollo Transfronterizo con Marruecos, pero que la falta de rúbrica no afectaría a las actuaciones que se están ejecutando. Este plan es la mayor apuesta de cooperación de la comunidad autónoma en toda su historia, al dotar con 7.500 millones de pesetas programas de actuación durante el periodo 2001-2005.
Fuentes próximas al presidente de la Junta aclararon ayer que los proyectos que están en marcha seguirán su ritmo, pero que no se emprenderán nuevas acciones hasta que se resuelva la crisis diplomática.
Chaves contestó en el Parlamento a dos preguntas sobre la posición de la Junta ante la crisis con Marruecos del portavoz del grupo andalucista, José Calvo, y del diputado del grupo mixto Ricardo Chamorro, quien, tras criticar la "inmadurez y la debilidad política" del rey Mohamed VI, pidió al presidente andaluz que "no se acobarde con el chantaje de Marruecos" y "no traicione al pueblo saharaui".
El andalucista Calvo también criticó la actitud del Gobierno marroquí ya que, a su juicio, "pretende actuar aquí como allí, tratando de silenciar a los medios de comunicación". Calvo aseguró que la necesaria normalización de las relaciones con el país vecino "no puede" inducir la renuncia a la defensa de los derechos del pueblo saharaui.
Chamorro reprochó al presidente andaluz sus críticas a la celebración de un referéndum simbólico sobre la independencia de Sáhara, que organizó una ONG andaluza en distintos puntos de Sevilla, incluido la sede del Parlamento autonómico.
Chaves reiteró que esa acción fue un "error", aunque admitió su parte de responsabilidad ya que su propio partido apoyó la decisión en el intergrupo parlamentario sobre el Sáhara.
La Junta de Andalucía no abandonará la ayuda del pueblo saharaui, cuyas organizaciones reciben 324 millones de pesetas procedentes de la comunidad autónoma, al tiempo que Manuel Chaves apostó por acatar las resoluciones de las Organización de Naciones Unidas en pro de un referéndum de autodeterminación en la antigua colonia española, valorando otras propuestas de la ONU como el llamado plan Baker, "mediante el acuerdo y el consenso y sin ninguna imposición unilateral".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001