El secretario de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT malagueña, Francisco Povedano -imputado por malversación, falsedad documental y apropiación indebida por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de formación del FORCEM- negó ayer los cargos ante el juez que investiga el caso. En su declaración, Povedano sostuvo que no intervino en los cursos impartidos entre los años 1997 y 1999, período en el que según el informe policial se inflaron las clases para cobrar subvenciones por más alumnos de los que en realidad asistían e incluso por cursos que nunca llegaron a celebrarse.
El dirigente apuntó que las ayudas del FORCEM eran ingresadas en una cuenta de la FSP o de la Fundación Social para el Progreso de Andalúcía -órgano encargado de la formación- una vez que la federación en Sevilla acreditaba la celebración de los cursos y se producía la preceptiva supervisión. Povedano declaró además que el entonces secretario de formación, Fernando Caro, también imputado, no le daba cuenta de "ninguno de los extremos concernientes a los cursos" y que tampoco tenía obligación de hacerlo.
Según Povedano, las hojas de asistencia eran remitidas en blanco al centro que impartía los cursos y firmadas por cada alumno sin que estuviera presente nadie del sindicato ni de la academia. El único control de las rúbricas era el que hacía directamente el profesor. Dijo además desconocer si los asistentes firmaban por compañeros que no acudían a clase.
Para Povedano, la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa no es más que "un montaje y un ajuste de cuentas interno en el sindicato" producto de las dos facciones en que estuvo dividida la UGT de Málaga ante el congreso provincial de 1998. "Menos mal que un juez imparcial va a decidir", comentó al acabar su declaración. Incluso no descartó acciones judiciales contra los denunciantes si se archiva la causa, tras lo que deslizó que "podría haber sacado trapos sucios de mucha gente, pero no he tenido suficiente maldad". Povedano también sostuvo que la subvención era la misma al margen del número de alumnos que asistiera al curso.
El director de la academia Sustrebla, Rafael Rodríguez, otro de los imputados, declaró que desconocía el manejo interno de las subvenciones por parte del sindicato y que cobraba una cantidad fija por los cursos sin que hubiera variaciones según el número de alumnos. La cuarta imputada en la causa, Rosa Sánchez, quien sucedió a Caro en la secretaría de formación, no compareció debido a problemas médicos.
Según el informe que la unidad de delitos económicos de la comisaría remitió al juzgado, de casi 600 alumnos a los que se les tomó declaración, unos 300 negaron haber asistido a los cursos y otros dijeron que su firma en las hojas de asistencia era falsa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001