El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, del PP, no está dispuesto a recortar en lo más mínimo su previsión de gastos para el próximo año y, ante la imposibilidad legal de destinar a inversiones el dinero que obtenga por la venta de suelo, ha optado por solicitar a los bancos un nuevo crédito de 5.000 millones de pesetas. El alcalde, Francisco de la Torre, ha tomado personalmente esta decisión, que pone al consistorio en riesgo de superar la capacidad máxima de endeudamiento permitido, motivo por el que la oposición la ha criticado con dureza. PSOE e IU entienden que es una "peligrosa huida hacia adelante" con la que el PP incumple de forma flagrante sus promesas electorales.
El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, del PP, no está dispuesto a recortar en lo más mínimo su previsión de gastos para el próximo año y, ante la imposibilidad legal de destinar a inversiones el dinero que obtenga por la venta de suelo, ha optado por solicitar a los bancos un nuevo crédito de 5.000 millones de pesetas. El alcalde, Francisco de la Torre, ha tomado personalmente esta decisión, que pone al consistorio en riesgo de superar la capacidad máxima de endeudamiento permitido, motivo por el que la oposición la ha criticado con dureza. PSOE e IU entienden que es una "peligrosa huida hacia adelante" con la que el PP incumple de forma flagrante sus promesas electorales.
El PP retiró el lunes los presupuestos municipales que pretendía aprobar en el pleno municipal de hoy a la espera de conocer un informe jurídico que determinara si es posible destinar a inversiones ordinarias el dinero que se obtenga por la venta de suelo. El pasado día 2, el Tribunal Supremo anuló los presupuestos municipales de Oviedo del año 1994 en una sentencia en la que considera que el único destino posible para estos ingresos es la adquisición de nuevo patrimonio.
Aunque en principio el concejal de Hacienda de Málaga dijo que tal sentencia no afectaría a los presupuestos de Málaga, las advertencias de impugnación llegadas desde la oposición sembraron las dudas en el equipo de gobierno que primero decidió aplazar una semana la aprobación de los presupuestos y, finalmente optó por retirarlos.
Desde 1994 el Ayuntamiento de Málaga ha financiado parte de sus inversiones gracias a la enajenación de su patrimonio urbanístico amparado en un informe de la secretaría municipal que ya advertía de que podía realizarse hasta que existiera jurisprudencia. La sentencia del Supremo, segunda en el mismo sentido, ya la crea, por lo que la misma secretaría ha aconsejado ahora al equipo de gobierno modificar los presupuestos para evitar que sean declarados ilegales.
Pero apenas habrá cambios. El alcalde anunció ayer que no se alterará ningún capítulo de gastos, y que la solución adoptada es acudir a los bancos. El borrador presupuestario contemplaba unos ingresos de 7.000 millones de pesetas entre venta de suelo e indemnizaciones sustitutorias de cesiones para ejecución del planeamiento, pero solo pedirá 5.000 porque entiende que el gasto de los otros 2.000 si se ajusta a lo que la Ley del Suelo exige.
El alcalde aprovechó para arremeter contra la Junta, que dijo "no ha cumplido sus obligaciones" por no haber aprobado aún una ley del suelo más acorde con las necesidades actuales (la que está en vigor es de 1956), como sí han hecho otras comunidades autónomas.
Pero para la oposición no cabe desvío de responsabilidades. El portavoz del PSOE, Francisco Oliva, dijo que la decisión de aumentar el endeudamiento es "una barbaridad". "No se puede gobernar así, diciendo pues no pasa nada y ahora 5.000 millones más, lo lógico hubiera sido ajustar el gasto corriente y las inversiones", dijo.
Rafael Rodríguez, de IU, lamentó la "ineficacia e improvisación" del PP, al que acusó de "hipotecar peligrosamente el Ayuntamiento para décadas".
El tortuoso trayecto de los presupuestos malagueños para 2002 ha conocido otro episodio rocambolesco. El Boletín Oficial de la Provincia publicó en su edición del 28 de noviembre un edicto en el que se informa que el Ayuntamiento de Málaga aprobó "en sesión celebrada el 30 de noviembre" la aprobación inicial de su presupuesto para 2002. En un comunicado, el consistorio lamentó "la ineptitud de los responsables del boletín" (Diputación Provincial), y explicó que pidió la anulación del anuncio cuando el día 26 el alcalde retiró los presupuestos. Además, la contratación que se hizo fue para el día 3 de diciembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001