El pulso entre las partes se mantiene en el conflicto de El Palmar. El acuerdo unánime alcanzado por la junta general de la Comunidad de Pescadores de El Palmar ha sido recibido sin grandes alharacas por las cinco mujeres que desde hace siete años pleitean por su incorporación y con reservas por parte del mediador designado por el Consell porque entiende que "el cumplimiento de la sentencia exige modificar otras cosas para adecuar las normas de la entidad a la Constitución", dijo Rafael Blasco.
El Palmar se convirtió ayer, una vez más, en un escenario de corrillos en la calle y en los establecimientos ante los últimos acontecimientos. Mientras el presidente de la Comunidad de Pescadores, José Caballer, dijo: "No nos duele esta decisión porque normalizará la situación en esta pedanía de Valencia".
Sin embargo, hasta llegar a la convivencia pacífica, como reconoció ayer el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, designado por el Consell para mediar en el conflicto tras la petición realizada por el abogado de los pescadores, queda aún "mucho camino".
Las mujeres recibieron la noticia de su admisión, cuyos papeles envió ayer el letrado de la Comunidad, Francisco Davó, al juzgado de lo Penal número uno de Valencia, con reservas porque "lo han hecho por imposición, ante la amenaza de prisión, y no por propio convencimiento". Un análisis en el que coincidía ayer también el PSPV.
Carmen Serrano, portavoz de las cinco mujeres que iniciaron hace siete años lo que se ha convertido en una escalada de pleitos, afirmó que "a pesar de que la Comunidad ha acordado la admisión de las demandantes, eso no significa que haya cumplido con la sentencia, ya que en ella se especifican indemnizaciones por el año que las afectadas no pudieron pescar en L'Albufera, cambios en las normas de admisión y adaptación de las mismas a los principios constitucionales". Pero además, tanto las mujeres como su abogado, Mario Pérez, recordaron ayer que hay otras mujeres pendientes también de incorporarse a la entidad y expulsados de la Comunidad por haber manifestado su apoyo a la admisión.
La contrapartida
El conflicto se enmarca ahora en juego de compensaciones. El propio consejero Blasco explicó ayer que, una vez se haya cumplido la sentencia en su totalidad, se estudiará un marco jurídico en el que las instituciones forales reconozcan el peso específico que tiene la Comunidad de Pescadores, algo por lo que han estado peleando desde la Comunidad.
El otro frente de "compensaciones" cae en la parte del Ayuntamiento, titular de las aguas del lago de L'Albufera. La Comunidad no ha aceptado de buen grado nunca la tutela del Ayuntamiento sobre ese espacio y, además, mantiene un contencioso con el consistorio por la temporada en la que Rita Barberá, que ayer se manifestó satisfecha por la decisión de los pescadores, prohibió la pesca argumentando razones de reserva biológica.
Desde que Francisco Davó pidiera la mediación de la Generalitat en el conflicto y ésta designara a Blasco, se han producido algunos encuentros que no han trascendido y otros quedan aún pendientes hasta que sobre un primer acuerdo las partes se puedan sentar en la misma mesa.
Fuentes del Consell reconocieron ayer que lo más difícil es hallar un sistema que lime sensibilidades con perfiles administrativos, sociales, jurídicos y políticos. "En cualquier caso, una de las partes ha dado un paso interesante en la dirección de desbloquear la situación", dijo Blasco.
Francisco Davó pidió que no se hicieran consideraciones equivocadas que desvirtuaran un acto que tiene por objetivo "demostrar buena voluntad para alcanzar un consenso que permita iniciar el camino a una convivencia pacífica".
El letrado de las mujeres afectadas, Mario Pérez, entiende que la decisión de admitir a las mujeres, con ser importante, es insuficiente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001