Julio Rodríguez Gil, economista y administrador único de la empresa Hari 2000, que emitió tres cheques sin fondos en noviembre de 1999 por 3.980 millones de pesetas que permitieron a Gescartera engañar a la CNMV con documentos falsos, fue detenido ayer por la mañana por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. Rodríguez Gil declarará hoy en calidad de imputado por su presunta participación en delitos de estafa o apropiación indebida y falsedad continuada de documentos. Es posible que la acusación se amplíe también a delitos fiscales.
La policía registró ayer dos viviendas de Rodríguez Gil situadas en las localidades madrileñas de Las Rozas y El Escorial, así como la sede social de Hari 2000 en el paseo de Moret, en Madrid, donde, según fuentes de la investigación, se incautaron de diversa documentación. Hoy pasará a disposición judicial y declarará ante la juez Teresa Palacios. El detenido ya declaró el 1 de agosto ante la juez Palacios, aunque lo hizo en calidad de testigo.
Rodríguez Gil es el administrador único de Hari 2000, la empresa que en 1999 emitió tres talones por un importe de 3.980 millones de pesetas y que fueron utilizados por Gescartera para eludir la intervención por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en aquellas fechas estaba inspeccionando la sociedad.
De hecho, el jefe de los inspectores, David Vives, había descubierto un desfase patrimonial de 4.000 millones en las cuentas de Gescartera. Los cheques de Hari 2000, entregados por el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, en la sucursal de Majadahonda (Madrid) de La Caixa, sirvieron de base para la elaboración de un certificado que la inspección de la CNMV se tragó como válido sin averiguar si existían fondos, lo que salvó a la agencia de la intervención.
La versión en el Congreso
Rodríguez Gil explicó su versión de lo sucedido el 17 de octubre pasado, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de Gescartera, en el Congreso de los Diputados. Su relato, en aquel momento, resultó muy sospechoso a los diputados. El administrador de Hari 2000, a preguntas del diputado Ángel Martínez Sanjuán, explicó que los tres cheques librados por su sociedad tenían como finalidad constituir una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) en Luxemburgo. Camacho "quería que yo participara de alguna forma", dijo Rodríguez Gil, "Me da tres talones del mismo importe y para que yo no pueda hacer mal uso de esos talones, me dice que haga otros talones del mismo importe. Yo se los hago y son los talones de los que me habla usted. Le estuve preguntando a la semana siguiente: ¿Meto los talones? No, que todavía no se va a hacer la SICAV, me contestó".
Más adelante añadió: "Un día me dijo: "No se va a hacer de momento [la SICAV], tú rompe los talones que yo también los rompo porque no valen para nada. Yo creí lo que me estaba diciendo, lo que pasa es que ahora descubro que no era para ese fin, sino para otro. No obstante, dar tres talones que no pueden tener fondos -porque yo jamás he tenido ese dinero- para engañar a cualquier organismo, es difícil, porque se llama por teléfono y se ve si efectivamente hay saldo, y no lo hay".
Pero toda la explicación no se sostiene, porque precisamente la SICAV se constituye en marzo de 1999 en el Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) de Luxemburgo, pero el mismo banco la disuelve en septiembre de 1999 por falta de fondos. Y se da la circunstancia de que los cheques sin fondos de Hari 2000, firmados por Julio Rodríguez Gil no aparecen hasta noviembre de 1999, cuando la SICAV ya había sido descartada.
Rodríguez Gil, a pesar de sus afirmaciones de que con una llamada bastaba para ver si había saldo, nunca llamó para confirmar si Gescartera y Camacho tenían saldo.
Tampoco se lo preguntó a Camacho "porque parecía que era una empresa solvente. No tengo por qué preguntárselo, me fiaba de él absolutamente".
El economista tenía una iguala con Gescartera y cobraba algo menos de un millón de pesetas mensuales por asesorar fiscal y jurídicamente a clientes de Gescartera en dificultades con Hacienda. De hecho, él se encargaba de negociar con los inspectores y pagar las multas que se imponía a clientes de la sociedad.
Los afectados por los quebrantos causados por Gescartera y la agencia de valores Ava podrán presentar sus reclamaciones desde hoy ante el Fondo de Garantía de Inversiones, informa Efe. Este fondo tendrá para 2001 un presupuesto, autorizado por la CNMV, de 500 millones de pesetas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001