La Guardia Civil ha detenido a nueve empresarios de Murcia y Alicante por su presunta implicación en una red dedicada a la explotación laboral de inmigrantes indocumentados, según fuentes de la Delegación de Gobierno de Murcia. Los extranjeros trabajaban 10 horas al día a cambio de un salario de entre 2.000 y 3.000 pesetas. Entre los arrestados figura un empresario de la localidad murciana de Jumilla, propietario de las furgonetas que transportaban a los inmigrantes a las distintas explotaciones agrícolas de la comunidad murciana y de la provincia de Alicante.
La Guardia Civil mantiene abierto el operativo y no descarta nuevas detenciones de empresarios, según las mismas fuentes. El empresario de Jumilla arrestado posee en propiedad al menos 44 vehículos, -27 de los cuales han sido requisados-, y cobraba una "importante cantidad de dinero" por efectuar los traslados de los sin papeles.
La Guardia Civil ha arrestado también a ocho empresarios de Murcia y Alicante por contratar supuestamente a los inmigrantes. Un total de 22 extranjeros han sido puestos a disposición de la Policía Nacional al carecer de documentación.
Las indagaciones comenzaron a primeros de año a raíz del aumento de furgonetas que transportaban extranjeros, muchos de ellos sin poseer seguro, tarjetas de transporte e incluso permisos de conducir. Así, los controles de carreteras detectaron la existencia de redes dedicadas a la explotación laboral de irregulares, según fuentes del Gobierno. Este año se han controlado en Murcia 8.500 furgonetas dedicadas al transporte de inmigrantes de las que 3.496 vehículos han sido objeto de denuncia.
Los detenidos están acusados de delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecer la inmigración clandestina y el tráfico ilegal de mano de obra.
Sin derechos laborales
Según informa la Guardia Civil, el propietario de la furgoneta ponía al frente de cada cuadrilla a un inmigrante con permiso de trabajo que conducía el vehículo. Esas cuadrillas eran enviadas a los distintos empresarios que solicitaban trabajadores a sabiendas de que éstos se hallaban en situación irregular que "se veían obligados a ser explotados sometiéndose a condiciones de trabajo que restringían notablemente sus derechos laborales".
A esos empresarios el propietario de los vehículos les cobraba "importantes cantidades de dinero por distribuir a los inmigrantes irregulares por las distintas explotaciones agrícolas".
Por otro lado, los dos patrones de la patera que trasladaba a Fuerteventura desde Africa al inmigrante magrebí que murió ahogado el miércoles tras ser desembarcado a 40 metros de la orilla en La Oliva han sido acusados de homicidio, según informa Efe. Además, a los dos patrones, Marrouk M., de 26 años, y Hanani A., de 19 años, ambos de nacionalidad marroquí, se les responsabiliza de cometer un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los dos patrones fueron detenidos cuando regresaban a la costa africana tras desembarcar a 18 inmigrantes. El fallecido, de 19 años, murió según la autopsia por "asfixia por inmersión", que se produjo porque, probablemente, la víctima no sabía nadar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001