El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha decidido apostar fuerte no sólo al amenazar con coger su fusil y sacar al Ejército a la calle, sino que, además, ha advertido que está dispuesto a decretar un estado de excepción para acallar las manifestaciones de protesta social y el paro nacional que han convocado los empresarios para el próximo 10 de diciembre en rechazo al paquete de 49 leyes aprobado recientemente por el Ejecutivo. "No me van a poner contra la pared", dijo el mandatario venezolano en una reunión celebrada con sus simpatizantes.
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"Los que tienen que rectificar y cambiar son los empresarios de la oligarquía. Esta revolución está armada. Tenemos armas, fusiles y tanques. ¡Revolucionarios, vamos triunfantes a la batalla!", arengó Chávez a sus seguidores. Pese a estar prohibida la venta de fuegos artificiales, Chávez ha exhortado a sus simpatizantes a responder con "petardos" y música "revolucionaria" a todo volumen a los "cacerolazos" de protesta que retumban espontáneamente cada vez que encadena a las radios y televisores para transmitir sus largos discursos semanales.
Por si fuera poco, también ha amenazado con lanzar las "contramarchas de los revolucionarios" para enfrentarse en la calle a las marchas de las organizaciones civiles que para el 7 de diciembre han programado manifestarse en las puertas de Miraflores, el palacio de Gobierno, para pedir la renuncia del mandatario, quien ha advertido: "No me sacarán a la fuerza, porque tomaré mi fusil para enfrentarme a cualquiera".
De igual forma, Chávez propuso ayer decretar el estado de excepción y sacar el Ejército a la calle, además de organizar una concentración de campesinos en Miraflores el 10 de diciembre para apoyar la promulgación de la Ley de Tierras, justo el día en que se paralizará el país en protesta por el paquete de leyes.
Pedro Carmona, presidente de la patronal Fedecámaras, que representa el 90% del PIB no petrolero del país y agrupa a todos los gremios empresariales y productivos de Venezuela, ha recibido un amplio respaldo para la convocatoria del paro nacional. También cuenta con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuyo jefe, el opositor Carlos Ortega, ha propuesto ir más allá y "lanzar una huelga indefinida antes o después del 10-D en caso de que Chávez no rectifique".
Organismos como la Cámara de Comercio Internacional (ICC) también apoyan la iniciativa de la venezolana Fedecámaras. Al ver que su filial, la Cámara de Comerciantes de Caracas, cerrará los comercios el día 10, el presidente de la ICC, Richard McCormick, afirmó ayer que respalda plenamente la decisión de su capítulo venezolano porque "Venezuela debe tomar el camino de la apertura, el diálogo y el entendimiento en la globalización".
Según Pedro Carmona, los empresarios venezolanos estiman que 10 de las 49 leyes son "inconstitucionales, no consultadas con la sociedad, estatalizadoras, confiscatorias, intervencionistas, atentan contra la propiedad privada, el régimen de libertades y son antidemocráticas".
Ante las pérdidas que causará el paro, el representante de la patronal considera que "vale más la pena sacrificar un día de paro que un futuro sin libertades. No somos conspiradores ni queremos desestabilizar. Sólo queremos defender la democracia".
Sobre el posible estado de excepción, la mayoría de los políticos, incluyendo a los del partido gubernamental, rechazan esta eventualidad. El fiscal general, Isaías Rodríguez, amigo de Chávez, afirma que "no hay razones para un estado de excepción" al calificar el clima social de "normalidad tensa".
El abogado constitucionalista Allan Brewer Carías también dice que "no hay ninguna razón que justifique un estado de excepción. Cuando Chávez con su agresividad amenaza con sacar el Ejército es para limitar y restringir las garantías constitucionales, pero, además, demuestra el fracaso del Gobierno, que no se puede tapar con una medida de esta naturaleza".
Otros analistas políticos como Gustavo Linares Benso sostienen que las amenazas y provocaciones de Chávez buscan "prohibir el derecho a la huelga y el paro del 10 de diciembre. El estado de excepción hará menos gobernable la situación que vive el país".
Lo cierto es que en sus últimas apariciones públicas, el mandatario venezolano da la impresión de incurrir en contradicciones, después de que en julio pasado asegurara que él no estaba aferrado al poder y que si el pueblo no lo quería estaba dispuesto a "dejar la presidencia incluso antes del referéndum revocatorio del mandato", es decir, dentro de dos años, pero ahora dice que será en el año 2013.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001